La bronca política hace inviable la nueva Área Metropolitana de Vigo
El PP carga todas las culpas en Caballero y calla qué medidas adoptará ahora
![Alcaldes del PP de la comarca de Vigo en la reunión de ayer.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/GPHUKSZVTRZ7HYM3XP3PVF5E6Q.jpg?auth=cfe242612b3eb204c174c30b7723ef4d54b375d44a62d9e5c0232ad195809e13&width=414)
La ausencia de Vigo, Salceda de Caselas y Fornelos de Montes de la asamblea de alcaldes convocada para preparar la sesión constituyente del Área Metropolitana de Vigo solemnizó lo obvio y que ya se conoce desde que el PP impuso en el Parlamento la ley llamada a regularla, el pasado 10 de abril. Ahí —o en la fase previa, en los últimos pasos de su tramitación en comisión—, se rompió el consenso que, desde que la idea de crear el área prendió en 1999 en los municipios correspondientes, fue siempre planteado como piedra angular del proyecto. En el Parlamento se hizo añicos y, desde entonces y hasta ayer mismo, los ataques de los populares contra el regidor de Vigo, Abel Caballero, acusado de boicotearlo, tienen más de desahogos airados y ruidosos que de leal persecución del acuerdo.
“Estamos cansados de las burlas del regidor de Vigo”, afirmó ayer Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, tras el fracaso anunciado de la asamblea. Ella había sido la nominada por el PP para oficializar la convocatoria de la reunión de ayer, con el fin de organizar la sesión constituyente —que Caballero, por imperativo legal, ha de convocar antes del próximo día 23— y anticipar el nombramiento de su presidente. Asistieron, como ya estaba públicamente previsto, los 11 alcaldes del PP. El de Vigo, se quejaba Arévalo la semana anterior, ni se le ponía al teléfono pese a que la alcaldesa viniera anticipando, hasta lo cansino, su voluntad de diálogo. Eran, las suyas y las de otros significados portavoces de la Xunta y del PP, declaraciones espurias en las que, no obstante, han menudeado los motes a Caballero, que no parece la mejor manera de buscar el consenso que se predica buscar.
Los populares cargan todas las culpas al regidor de Vigo y sus “burlas”
El consenso se rompió de modo drástico en abril, con la aprobación de la ley, y la imposibilidad de su restauración quedó patente en el pleno municipal de Vigo del pasado mes de julio, donde los grupos socialista y nacionalista la rechazaron. Fue lo que le respondieron a Arévalo ayer desde el mismo ayuntamiento: “Las reflexiones sobre la puesta en marcha de la ley del área metropolitana tendrían que haberse realizado antes de aprobar el texto legal”, contestó el teniente de alcalde Carlos López Font (Caballero estaba en Madrid, en una reunión de la FEMP). “Ahora ya está claro que lo que querían era gobernar Vigo desde fuera, tal como demuestra el hecho de que no desconvocaran el encuentro de regidores al saber que no acudiría ningún alcalde que no fuera del PP”, añadió Font en un comunicado.
Nadie concibe un Área Metropolitana de Vigo sin Vigo, es obvio. “Nos sentimos mal”, declaró la alcaldesa de Mos con patetismo plañidero. Los alcaldes reunidos, añadió, aunque componen “la mayoría suficiente para tomar decisiones”, “prefirieron” no tomarlas “sin consenso”, como si aún hubiera opciones de alcanzarlo con la presente ley. Pero eso Arévalo reiteró su “llamamiento” al conjunto de los alcaldes del área y en particular a Caballero, que “representa a los que le votaron y a los que no le votaron”, a recuperarlo, obviando que es tierra quemada.
Arévalo no pudo explicar cuáles serán los pasos siguientes a dar
También se invocó el consenso en las iniciativas legislativas anteriores (en 2005 y 2007) para articular el funcionamiento del área, en la propuesta que presentó el conselleiro de Presidencia en Vigo, en febrero de 2009, y en el mismo anteproyecto de ley que entró en el Parlamento después de múltiples encuentros para limar las posibles fisuras y agilizar la ley. Pero el grupo popular lo rompió en plena ponencia parlamentaria, enmendando su propia propuesta y cambiando ahí el sistema de voto ponderado que establecía el proyecto por otro de mayoría simple, en el que todos los Ayuntamientos cuentan lo mismo en la toma de decisiones. “No se concibe que Vigo tenga en el gobierno del ente el mismo peso que municipios veinte veces más pequeños”, insistió ayer Font.
Arévalo soslayó en su comparecencia de ayer cualquier alusión a esa determinante cuestión, que es la que propicia el desencuentro, y ni ella ni nadie de la Xunta o del PP explican tampoco cuáles serán sus pasos siguientes, como si la inasistencia del alcalde de Vigo —y por extensión, la de los de Fornelos y Salceda, Emiliano Lage (PSOE) y Marcos Besada (BNG) respectivamente— les hubiera pillado por sorpresa y sin margen de reacción. Tampoco parece, pues, con esa dependencia, que su apuesta por el Área Metropolitana de Vigo haya sido sólida.
Relegación de Vigo y otros desfases
La idea del Área Metropolitana de Vigo viene planteándose sobre el papel desde 1999, con la llamada Declaración de Soutomaior. Las ventajas de organizar y prestar los servicios ciudadanos desde una estructura supramunicipal remiten básicamente al ahorro y al reconocimiento de la sociedad real que, en este caso de los 14 municipios comprometidos, pivota sobre la economía de Vigo. Pero entre el papel y la realidad a menudo se abren grandes inconvenientes, como muestra, por poner otro referente que debiera encontrar soluciones más sencillas, la festejada fusión de Oza y Cesuras.
El área de Vigo entró en barrena con la aprobación de su propia ley, que el PP impuso en el Parlamento de modo abrupto y en los últimos momentos. Contra el prioritario consenso. En la asamblea metropolitana, según esa regulación, Vigo tendría 24 representantes, de un total de 52, tras aplicar la ley D´ Hondt en la composición de las corporaciones municipales. En el órgano de gobierno, formados por los 14 alcaldes con la misma representatividad, las decisiones se adoptarán por mayoría simple, de modo que Vigo, que representa el 62% de la economía y de la población del área, en ese órgano solo tendrá un peso del 7,1%.
Esta distribución del poder político y el sistema de financiación del área serían, según insisten los socialistas, inconstitucionales, pero hay otros aspectos críticos en los que también coinciden con el BNG. El principal, probablemente, es que el área renuncia a la exclusividad en la prestación de sus servicios, que se solapan con los análogos de la Xunta y la Diputación. Nadie ha aclarado cuáles de esos servicios transferirán las Administraciones autónoma y provincial y, pese a que se suponía que el grueso de las competencias provendrían de restárselas a la Diputación, su papel se refuerza como entidad colaboradora del área, según ha expuesto el presidente provincial, Rafael Louzán. Así, dicen los críticos, serán aún más difíciles la eficiencia y el ahorro.
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