Tauroni quiere que la juez investigue si la Generalitat pagó todas las ayudas

Augusto César Tauroni, el principal imputado en el caso de la cooperación, y el único que permanece en prisión desde que fue detenido el pasado 23 de febrero por orden de la juez que instruye el saqueo de al menos seis millones de euros, ha solicitado que se investigue el importe exacto pendiente de pago a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de las ayudas de la Generalitat a los países en vías de desarrollo.

La magistrada Nieves Molina, que está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana decida si imputa o no al portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, y por tanto asume la instrucción del caso, ha ordenado que se revisen todos los expedientes afectados en el caso.

Con esta medida, no se sabe si Tauroni, acusado por Molina de hasta tres delitos (fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y falsedad documental) y en prisión comunicada y sin fianza desde hace cinco meses, pretende cobrar aún más dinero de las ayudas de cooperación otorgadas en su día por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía o lo que quiere es que la juez conozca que la trama de empresas a su cargo no se llevó al final tantos fondos como figura en el sumario.

El pasado 13 de julio, el procurador que representa los intereses de Augusto César Tauroni, de su mujer Alina Inediekina y del hermano del principal imputado, Arturo Tauroni, presentó un escrito en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que de momento lleva la causa, en el que solicitaba a Molina que pidiera a la Consejería de Justicia y Bienestar Social (que ahora se encarga de las ayudas a países en vías en desarrollo) certificados sobre los estados de hasta 18 expedientes de cooperación. Se trata de los asignados a todas las ONG implicadas en la causa (no solo la de Tauroni) y referidos a los años 2009, 2010 y 2011.

En su petición, la defensa de Tauroni solicita las fechas de inicio y cierre de los expedientes, los datos sobre las prórrogas otorgadas a los expedientes y el estado en que se encontraban estos a fecha de 23 de febrero pasado, es decir, el día en que se detuvo a las 14 primeras personas imputadas en la causa.

En este último apartado, Tauroni tiene especial interés en que la juez pregunte a la Generalitat por el nivel de ejecución de los proyectos, si hay alguna revisión administrativa en marcha, cuántas justificaciones han presentado las entidades adjudicatarias y, por último, “si consta dispuesta la totalidad de la asignación presupuestaria”.

La defensa de estos tres acusados termina su escrito solicitando que en los certificados figuren el “importe dispuesto e importe pendiente de disponer” y una “exposición razonada de los motivos de impago por parte de la Generalitat”.

Tras analizar la petición, Molina ordenó el pasado 27 de julio que un perito adscrito a la investigación analice todos los expedientes y en su informe sobre las ONG incluya los datos solicitados por Tauroni, su mujer y su hermano.

La causa que instruye Molina acumula ya 27 imputados, a falta de que el TSJ decida si el exconsejero Blasco se convierte en el número 28. Tanto la juez como los fiscales consideran que el síndic del PP en las Cortes participó activamente en la trama concediendo las ayudas a las ONG captadas por Tauroni y que hasta llegó a cobrar dinero de las ayudas. Según el sumario, las empresas de Tauroni en Estados Unidos y en España se habrían llevado directamente más de un millón y medio de euros que sirvieron al principal encausado para comprar pisos de lujo en Miami.