Anulada la sanción al ‘poliflauta’ del 15-M

Javier Roca Sierra, el policía municipal de Madrid sancionado por intervenir en una asamblea del 15-M, se mostraba ayer “contento y muy tranquilo”, tras conocer que el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 20 de Madrid, Francisco Javier Sancho Cuesta, le ha dado la razón y ha anulado la sanción que se le impuso por una falta “muy grave”. El Ayuntamiento le condenó a la suspensión de cinco días de empleo y sueldo. “Ojalá mi caso sirva para que nadie limite la libertad de expresión”, comentó en declaraciones a este periódico.

La sanción estuvo motivada por la participación de Javier Roca —al que algunos, jugando con la palabra perroflauta, llamaron el poliflauta (“No me importa que usen ese término, ¿por qué no?”, dijo él)— en una asamblea convocada por el 15-M el 23 de julio de 2011 en la Puerta del Sol. El agente, que apoyó desde el primer momento al movimiento, se identificó en su intervención como policía. Y finalizó con una invitación al resto de compañeros a “colgar el uniforme durante un tiempo y pensar”. El Ayuntamiento le impuso la sanción el pasado 24 de enero, pero Roca acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El juez, en una sentencia de siete folios, acepta parcialmente el recurso presentado por el policía y entiende que su actuación está amparada por libertad de expresión de pensamientos e ideas. “Siendo patente que un policía puede tener opinión como cualquier ciudadano de aspectos de interés público, se ha de estimar que, estando fuera de servicio y de permiso, puede expresarla siempre naturalmente que se haga dentro de los límites de la libertad de expresión”, explica el fallo. El juez considera además que no ha quedado acreditado que el reglamento de la Policía Municipal prohíba a sus agentes participar en actos públicos si están fuera de servicio.

El magistrado también entra en la expresión de “colgar el uniforme” y entiende que la misma se produce “con carácter general en términos respetuosos y sin descalificaciones a la institución policial, superiores o compañeros”. “Si al final pronuncia tal expresión, que no es efectivamente afortunada y que debió omitirse, no se estima que con ello se pretendiera generar un perjuicio al servicio, sino que se trató de una expresión meramente figurativa y coloquial que puede interpretarse como tendente a separar ambos campos, el de la actuación profesional, que no se cuestionó, y el de la dimensión personal (sin uniforme) en que se invitó a una reflexión sobre una cuestión pública”, concluye la sentencia.

El agente aseguró ayer que nunca se había sentido mal o culpable con su participación en aquella asamblea. “La libertad de expresión no la pueden limitar más. No quieren ni que pensemos ni que hablemos”, afirmó Javier Roca, que lleva 25 años en la policía y que ahora es instructor de tiro en el turno de tarde. “Que me devuelvan los más de 500 euros que suponen los cinco días de suspensión de empleo y sueldo me va a venir muy bien, ya que casi no llego a final de mes con mi nómina”, añadió el agente.

Una portavoz del Ayuntamiento de Madrid afirmó que no van a recurrir la sentencia, pese a que contaban con tal opción. El Consistorio acatará el fallo del juez de lo contencioso-administrativo. También sostuvo que los responsables policiales se limitaron a aplicar el reglamento de la Policía Municipal y que de no haberlo hecho se habrían saltado la legalidad vigente. Otro detalle en el que insistió la portavoz fue en que el magistrado solo accede parcialmente a las pretensiones de Roca. Este solicitaba además una indemnización de 6.000 euros y la publicación de la condena en un medio de comunicación. Ninguno de estos extremos ha sido recogido por el juez.

La portavoz de IU en temas de Seguridad, Raquel López, celebró que un juez diera la razón a los argumentos expuestos por este partido en un pleno del Ayuntamiento el pasado noviembre, entre ellos la vulneración del derecho a la libertad de expresión. En un comunicado, López calificó de “muy grave” que el Consistorio hubiera quebrantado este derecho fundamental “pese a las reiteradas objeciones que se hizo desde el Grupo Municipal de IU”.