Dudas “superadas” sobre el área de Vigo

“El DOG le da la razón al alcalde de Vigo”, afirmó ayer Abel Caballero blandiendo una disposición del Diario Oficial de Galicia—también publicada en el BOE— en relación con la financiación del Área Metropolitana de Vigo y su presunta inconstitucionalidad. La Consellería de Presidencia replicó ayer mismo que dicha disposición se refiere a una “cuestión menor que fue solventada por un acuerdo interpretativo” de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma el pasado 12 de julio.

El regidor vigués mostró ayer unas anteriores declaraciones suyas en las que anunciaba que Vigo recurriría por vía judicial cuando se le reclamaran fondos para el área metropolitana. También aludió a la moción de inconstitucionalidad que propuso al pleno municipal, que no prosperó por la abstención del BNG y que podría haber sido admitida según se derivaba de la disposición publicada ayer por los dos diarios oficiales.

El asunto, indicó Caballero, remite al sistema de financiación del área y al establecimiento de las aportaciones municipales en función de una cantidad fija por habitante. A su juicio, la intervención de la citada comisión bilateral “da la razón” a sus tesis y ratifica que la prevista financiación del área es “manifiestamente inconstitucional”.

Pero el alcance de la discrepancia a la que se refiere la disposición publicada ayer, según la Consellería de Presidencia, es mucho menor, tenía un carácter técnico y, además, está ya solventada (la publicación de la disposición es un mero formalismo, asegura la misma fuente). Tal discrepancia, por lo demás, ha sido la única que ha suscitado el texto normativo que regula el funcionamiento del área.

La discrepancia se planteó en uno de los apartados relativos a la financiación del área metropolitana y se resolvió en el sentido de que las aportaciones no libradas a ese efecto por los ayuntamientos que la componen podrán ser aportadas, previa petición de su presidente, por la Xunta, “con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que esta pueda tener reconocidas a favor de los ayuntamientos deudores”.

El PP, a su vez, censuró al regidor por “buscar permanentemente la confrontación”. “Lo que tiene que hacer el alcalde es convocar la asamblea —debe hacerlo antes del próximo día 23— y proponer en su seno lo que crea conveniente”, señaló el concejal Antonio Bernárdez.