La reforma electoral del PP dinamita todos los consensos parlamentarios
El PSdeG descarta llegar a acuerdos con los populares hasta el final de la legislatura La oposición solo acepta la comisión para investigar las cajas
El PSdeG marcó ayer su “línea roja”: se acabó el consenso en el Parlamento mientras el Gobierno de Núñez Feijóo no retire su propuesta de modificar la ley electoral y reducir de 75 a 61 los diputados del Parlamento, un cambio que prima a sus provincias fetiche, Ourense y Lugo. El primer acto del desacuerdo llegó ayer con la modificación de la ley que regula al Valedor do Pobo. El apoyo inicial que el PSOE dibujó en la comisión previa se esfumó y sus diputados se abstuvieron a la hora de votar. Minutos antes, la socialista Dolores Rodríguez Amoroso lo había dejado claro: “Pasaron desde entonces cosas muy graves para la democracia de este país (...). El grupo mayoritario [de la Cámara] no recibirá la confianza de este grupo mientras mantenga la propuesta”. El rechazo de los socialistas, que se suma ahora al que el BNG lleva demostrando una semana, no frenará los planes de Núñez Feijóo, que ya anunció su intención de aprobar la reforma de la ley electoral en solitario, con la mayoría del PP, y antes de las próximas elecciones autonómicas, que tienen que celebrarse, como muy tarde, en marzo del próximo año. El PSdeG dinamita así el posible consenso parlamentario durante los últimos meses de legislatura. Y lo inauguró votando en contra de la reforma del reglamento del Parlamento.
“Pasaron cosas muy graves para la democracia”, afirma el PSdeG
Aunque el primer punto del orden del día en la Cámara trataba sobre el Valedor, en los discursos de BNG y PSOE afloró a cada poco la reforma electoral. El nacionalista Alfredo Suárez Canal comenzó saludando a los “figurantes” que componen el Parlamento porque en eso, dijo, pretende convertirlos el PP. La oposición coincidió también en criticar que se modifique la ley del Valedor para introducir unos cambios que ya permite la norma. La institución reducirá de 12 a seis los cargos como medida para reducir costes. Así, a partir de ahora habrá un valedor, un vicevaledor y un máximo de cuatro asesores.
Pese a todo, la comisión parlamentaria para investigar la truculenta reconversión de Caixa Galicia y Caixanova en una única caja de ahorros y, posteriormente, en banco sí encendió con pleno de luces verdes la pantalla que representa a los diputados. “Deduzco que la petición de comisión tendrá éxito”, comenzó con socarronería su último turno de palabra el popular Pedro Puy, portavoz de Economía. Los abucheos desde los bancos de la oposición recordaron que el propio PP, que llevó ahora al Parlamento la solicitud de creación de la comisión, la rechazó hace nueve meses. “La hacemos ahora que estamos seguros de la continuidad de NovagaliciaBanco en el mercado”, justificó Puy. “Las comisiones se crean cuando se puede hacer más a favor la transparencia y la democracia que daño a los intereses de la población”, consideró. Y ahora, dijo, el Banco de España ha aprobado la recapitalización de la entidad, la Unión Europea tiene una línea de crédito para entidades financieras y “no hay intención de liquidar las entidades con participación pública mayoritaria”. El nacionalista Carlos Aymerich entró en su turno para rectificar a Puy: “No va a ser [el ministro de Economía] Luis de Guindos el que va a decidir [sobre la liquidación de las antiguas cajas], van a ser los señores de negro. Ahora da igual lo que se haga porque ustedes cedieron la dirección de la nave a la troika”.
El inicio de la comisión depende de los órganos del Parlamento
“¿Qué ha cambiado en estos nueve meses? ¿Cuál ha sido su recapitalización privada?”, preguntó la socialista María José Caride. La diputada reclamó desde el minuto cero la auditoría de la firma KPMG que avaló, según anunció el Ejecutivo gallego, la fusión de las cajas de ahorros. “¿Por qué el presidente de la Xunta tiene secuestrado el informe? No es del presidente, ni de la Xunta, ni del PP. Los ciudadanos pagamos un millón de euros por un informe que conocen solo ustedes. Lo llevamos reclamando dos años”, censuró. Caride avanzó además que los socialistas pedirán el documento de la auditoría y la comparecencia de Núñez Feijóo en la comisión “ya en agosto”. Los socialistas no quieren esperar a escuchar las explicaciones de excargos de las cajas en el Congreso, por donde pasarán en septiembre. “Diga que comenzará de inmediato y que dará luz y taquígrafos”, reclamó a Puy. El popular, sin embargo, no aclaró cuando comenzará la investigación. Será la junta de portavoces y la mesa del Parlamento, controladas por el PP, los que fijen el calendario. “A ver si van a decir ustedes que es autoritario”, disculpó, en referencia a las críticas de la oposición sobre los dos plenos celebrados ayer a petición de la Xunta y el PP. Puy sí aseguró que “habrá transparencia” y que no habrá “ningún problema” para acceder a documentación.
El PP inicia el proceso para tomar el control de la caja
La reforma de la ley de cajas que plantea el Ejecutivo de Núñez Feijóo dará al PP el poder de elegir a la mayoría de miembros del patronato que regirá la futura fundación que controlará la obra social de la antigua caja. El texto que presenta el grupo popular plantea un patronato de 12 miembros de los que cuatro serían elegidos por la Consellería de Facenda —entre ellos al presidente—, cuatro por el Parlamento —pero respetando la proporción de los grupos— y los cuatro restantes por las entidades fundadoras de la caja de ahorros. “Tendremos un patronato en el que al menos siete representantes serán del PP. Igual es que yo pienso mal, pero es lo que dice el texto”, apuntó el diputado del BNG Carlos Aymerich. El nacionalista acusó al PP de presentar la modificación de la ley para “petrificar su control” sobre la fundación “pase lo que pase” en las próximas elecciones autonómicas. En la misma línea se pronunció la socialista María José Caride, que afirmó que la reforma, tal y como la plantea el grupo mayoritario de la Cámara, “significa expropiar el poder de decisión de la caja en beneficio del PP”.
La reforma de la ley creará una fundación de carácter especial para gestionar la obra social de la antigua caja y reconvertirá la asamblea de 320 miembros y el consejo que administraban Novacaixa en un patronato. Lo que queda de la caja tiene ahora casi un 7% de las acciones del banco, una entidad nacionalizada y en pérdidas que no le dará ningún beneficio, por lo que la oposición preguntó al partido que sustenta al Gobierno de la Xunta de dónde va a salir el dinero para mantener la obra social. La fundación, que deberá centrar su actividad en la obra social, tiene los 90 millones de remanentes con el que se quedó cuando se desprendió de su negocio financiero para pagar 257 nóminas, mantener un centenar de edificios y programar actos culturales.
Aymerich y Caride reprocharon también la tardanza con la que el PP presenta el cambio. “Tarde, mal y arrastro porque a transformación tenía que estar terminada hace año y medio”, apuntó la socialista. El consejo de administración de Novacaixagalicia aprobó ayer el nombramiento de Pedro Otero como responsable de la obra social, tras la jubilación de Guillermo Brea. Además, el socialista Salvador Fernández Moreda, que fue vicepresidente de la entidad, presentó su dimisión, mientras que Manuel Otero tomó posesión como copresidente de Novacaixagalicia.
