La Audiencia avisa de que indultar de nuevo a unos ‘mossos’ es “fraude de ley”

La sección novena de la Audiencia de Barcelona ha mandado un mensaje sutil pero contundente en forma de auto al Gobierno del PP. Un segundo indulto a los cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas supondría “una suerte de fraude de ley o abuso de derecho” porque los agentes ya fueron agraciados con este perdón extraordinario. El Consejo de Ministros les rebajó sus condenas de hasta cuatro años y medio de prisión a dos. Normalmente, cuando la pena es inferior a dos años y el reo no tiene antecedentes (como es el caso), se suspende el ingreso en la cárcel. La Audiencia, sin embargo, no lo hizo y ordenó que los agentes cumpliesen su sentencia, parcialmente indultada, entre rejas.

Que el Gobierno decidiese ahora de nuevo otorgarles la medida de gracia y conmutase la entrada en prisión por una multa sería, a juicio del tribunal, una forma de “utilizar al antojo” de los policías e “individualizar a su capricho y mejor acomodo” la figura excepcional del indulto. En su segunda petición, los agentes aducen “los mismos argumentos que ya fueron alegados y tenidos en cuenta para conceder” el primero, razona el tribunal. Y remacha: “Nada más contrario a los principios de igualdad y justicia que como fundamentos de nuestro sistema jurídico penal deben quedar absolutamente preservados de cualquier comportamiento arbitrario, antojadizo y caprichoso como el que sin duda, representa el propio del caso de autos”.

El tribunal ha respondido así al recurso de los cuatro agentes, Joan Salva, Jordi Perissé, Manuel Farré y Fernando Cea, pidiendo que se suspenda su ingreso en prisión mientras el Gobierno resuelve su petición de indulto. Es la tercera vez que la sala se pronuncia sobre este caso y, por tercera vez, deniega su solicitud y dictamina que entren de forma inmediata en la cárcel por haber torturado en 2006 a un ciudadano de origen rumano al que confundieron con un atracador.

La única novedad, insiste la Audiencia, es el “acuerdo judicial denegatorio del beneficio de suspensión de la condena”, que decretaron en mayo. El tribunal alegó entonces que el comportamiento de los policías fue especialmente grave por su condición de agentes y esgrimió “razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social” para encarcelarles, a pesar de que su pena no superaba los dos años. Eso supuso, en la práctica, revocar el indulto concedido por el Gobierno.

Los cuatro policías tienen todavía la oportunidad de volver a recurrir ante la misma sección novena de la Audiencia la decisión, notificada el pasado 24 de julio, en un caso que lleva ya seis años rondando por los tribunales. Aunque vista la acumulación de resoluciones judiciales en contra de sus intereses se hace complicado pensar que logren evitar su ingreso en la cárcel. Al menos mientras el Gobierno del PP decide. Los agentes, que están apartados del cuerpo, tienen la esperanza de que el Consejo de Ministros les otorgue de nuevo la medida de gracia, según fuentes del entorno. Aunque otras fuentes policiales son menos optimistas.

El propio consejero de Interior, Felip Puig, ha mostrado su apoyo a los policías en diversas ocasiones, incluso manifestó que haría todo lo que estuviese en su mano para ayudarles. “Mientras haya posibilidad de obtener un nuevo indulto lo intentaremos hasta el final”, aseguró cuando se hizo público en julio que habían solicitado de nuevo la medida de gracia.

Los cuatro agentes están condenados por apalear y torturar a un ciudadano rumano. El 27 de julio de 2006 confundieron a Lucian Paduraru, entonces de 28 años, con un atracador. Le esperaron en la puerta de su casa, no se identificaron como policías, le propinaron una paliza, le insultaron e incluso le amenazaron introduciéndole una pistola en la boca, según la sentencia. Un quinto policía, Alejandro García, fue condenado por coacciones a seis meses de prisión. En la detención de Paduraru estuvo presente su entonces mujer, que estaba embarazada y recibió un trato degradante. La condena inicial superaba los seis años, pero el Supremo la rebajó.