La Junta ahorra 2,7 millones al reducir los delegados provinciales

José Antonio Griñán estampó este martes su firma en el decreto de nueva Administración periférica de la Junta de Andalucía que reduce a la mitad el número de delegados en las ocho provincias. De los 97 actuales se pasa a 49, con un ahorro estimado de 2,7 millones de euros. La decisión política estaba tomada desde el mismo día en el que nuevo Gobierno de coalición tomó posesión el pasado 6 de mayo, aunque Griñán lo intentó en la pasada legislatura pero las resistencias internas en su partido lo impidieron.

Históricamente, el visto bueno a los nombramientos de estos altos cargos no dependen de los consejeros, sino de los secretarios generales del PSOE. Esa tradición continúa. De hecho, el Gobierno andaluz no ha aprobado ni el decreto ni los nombramientos hasta que se han celebrado todos los congresos provinciales de este partido, aunque la versión oficial del Ejecutivo ha sido que se trataba de una norma muy compleja que requería una modificación de la ley de la Administración de la Junta de Andalucía.

Como ejemplo de la influencia de los jefes del PSOE y de la confusión absoluta entre lo que es la Junta de Andalucía como institución y las organizaciones políticas, el nombramiento del nuevo delegado en Málaga fue comunicado antes por el PSOE de Antequera que por el propio Gobierno. También Izquierda Unida avanzó 24 horas antes de la reunión del Consejo de Gobierno de este martes los nombres de sus delegados. Entre los nombramientos figura el de la delegada de Economía en Málaga, la socialista Marta Rueda, a quien CSIF atribuye haber elaborado una lista con la afiliación política de funcionarios. El sindicato ha denunciado el caso en la fiscalía.

En el retraso también han influido los tirones a la hora de redactar el decreto con IU, que pretendía crear otra figura administrativa que hubiera echado por tierra la pretendida reducción de altos cargos. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, se negó en redondo a dar el visto bueno a los borradores que han estado circulando inspirados por su socio de coalición.

Habrá seis delegados y se mantienen los puestos de los secretarios generales de cada consejería

Hasta ahora, todas las consejerías tenían una delegación provincial. Si eran 13, 13 y si eran 15, 15. Ahora serán seis, aunque hay 11 consejerías. En la cúpula de esta estructura figuran las ocho delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y el subdelegado en el Campo de Gibraltar. Ostentan la máxima representación política e institucional, coordinan al resto de los delegados y asumen los servicios de cuatro consejerías: Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior; y Hacienda y Administraciones Públicas. También los de Presidencia e Igualdad. Un secretario general, como ya existía hasta ahora, será el que lleve el día a día de cada departamento. Estos cargos serán 11 (uno por consejería) y seguirán siendo desempeñados por funcionarios del grupo A de cualquier Administración.

Por debajo de las delegaciones del Gobierno figuran cinco delegaciones territoriales. Dos de ellas asumen competencias de más de una consejería: Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, dirigidas por IU; y Educación, Cultura y Deportes. Las consejerías de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y Salud y Bienestar Social tienen delegaciones exclusivas.

Los delegados provinciales cobran, según el Presupuesto de 2012, 41.372,21 euros brutos anuales, por lo que con la eliminación de los 48 altos cargos y también del alquiler de sedes administrativas el ahorro es de 2,7 millones de euros, según la consejera de la Presidencia. En los servicios centrales la reducción de altos cargos ha sido bastante menor: tan solo hay 11 puestos menos.

Incrustada en las delegaciones del Gobierno figurará una oficina de apoyo a la vicepresidencia de la Junta que dirige Diego Valderas. Estos coordinadores no tendrán rango de alto cargo, pero será personal de confianza. Cobrarán como un funcionario de nivel 28, según fuentes de IU. Valderas quiere que estas personas sean los “máximos responsables políticos” de los cargos propuestos por la federación en cada provincia. Y que asistan a las reuniones de delegados provinciales "con voz pero sin voto". Además de estos ocho asesores, IU propondrá los nombres de los secretarios generales de las tres consejerías que dirigen: Turismo, Fomento y Administración Local.

La consejera de la Presidencia dijo ayer que con esta nueva estructura periférica se pretende dotar a la Junta de una Administración “austera, eficaz y eficiente” y “profesionalizar” los servicios que presta a los ciudadanos.

Ante la propuesta del Partido Popular de Andalucía —a rebufo de la iniciativa del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núeñez Feijoó— de reducir el número de parlamentarios autonómicos andaluces de 109 a 80, Susana Díaz aseguró: “No se puede confundir austeridad con recortar en democracia”.