El Palau niega que haya exonerado a Convergència de ninguna responsabilidad

La asociación Orfeó Català, una de las tres entidades que componen los órganos de gobierno del Palau de la Música, desmintió ayer a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) al negar que “se haya exonerado de responsabilidades” al partido por su presunta financiación irregular a través de la institución bajo la presidencia de Fèlix Millet. El comunicado se emitió después de una reunión extraordinaria de la junta directiva del Orfeó Català que fue convocada para aclarar las afirmaciones del secretario general de CDC, Oriol Pujol, quien dijo el pasado viernes en el Parlament que la entidad había remitido una carta al juez en la que señalaba que “no tenía nada que exigir” a su partido.

Según fuentes conocedoras de la reunión, la junta fue convocada con carácter de urgencia después de que varios de sus miembros oyeran como Pujol decía que el Palau renunciaba a cobrar de Convergència. Esas palabras crearon malestar entre varios integrantes del órgano, que en otras ocasiones ya presenciaron maniobras para salvar a CDC de la justicia. En noviembre de 2010, en plena campaña electoral, la junta interina que presidía Josep Maria Busquets decidía, sin convocar al patronato de la institución, no pedir la imputación del tesorero de CDC Daniel Osàcar y su secretario de Inmigración, Àngel Colom. En esa ocasión, Busquets fue desautorizado por la junta del Orfeó Català.

Apoyos para la reunión

Estos miembros de la junta lograron reunir los apoyos suficientes para forzar a los gestores de la entidad a dar explicaciones sobre el escrito que la institución había presentado al juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona.

La reunión acabó con un comunicado que consensuaron los asistentes. Fueron apenas seis líneas para “desmentir las informaciones” que señalaban que el Palau renunciaba a cobrar de CDC. Sin embargo, la junta dijo ratificarse “en el contenido” del escrito, que señalaba que “no constan a fecha de hoy indicios de cuantías exigibles a CDC”. “Aun así, se reserva el derecho a emprender acciones en el caso que se deriven responsabilidades expresas de las diligencias ordenadas por el juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona”, concluía el comunicado.