La cárcel acecha a Bravo

José María Bravo está citado el próximo miércoles en la Audiencia de Gipuzkoa, que el pasado lunes le condenó a 11 años de prisión como autor del fraude cometido en la Hacienda de Irún. Ese día va a celebrarse una comparecencia, a la que asistirán todas las partes personadas, para tratar un escrito de la Fiscalía que solicita la modificación de las medidas cautelares contra el exdirector de la oficina tributaria fronteriza, según aseguran fuentes del caso. Pesa sobre él una pena de prisión, además de una multa de dos millones y la obligación de devolver 1,9 millones de euros a la Hacienda guipuzcoana, pero todo queda a expensas de la resolución definitiva que adopte el Tribunal Supremo tras estudiar el recurso de casación que anunció el propio condenado a este diario.

Bravo podría ver endurecidas sus actuales condiciones personales. La gravedad de las penas que le han sido impuestas podrían justificar su encarcelamiento, medida cautelar que puede solicitar el fiscal y que quedaría en manos de la decisión del mismo tribunal que le ha juzgado.

La gravedad de las penas podría justificar su encarcelamiento

Después de un largo proceso judicial, iniciado en 2006, resuelto ahora con una sentencia condenatoria del tribunal que le ha juzgado, Bravo se encuentra en Jerte (Cáceres) dirigiendo el negocio del hotel y spa Túnel del Hada que puso en marcha junto con su mujer, Rosa Cobos, también condenada en este mismo procedimiento a tres años y cuatro meses de prisión y una multa de dos millones de euros.

Ambos, Bravo y Cobos, tienen comisados bienes hasta completar un valor de 1,6 millones de euros (el dinero que se sustrajo al fisco guipuzcoano). Entre otros, la sentencia de la Audiencia acuerda esta prevención para el hotel y spa citados, una vivienda unifamiliar en la citada localidad extremeña y otra casa en Barcelona.

La resolución judicial no les impide seguir en libertad provisional, regentando su negocio hotelero, a la espera de que la sentencia sea firme. El pasado martes, al día siguiente de hacerse pública la decisión del tribunal que ha presidido Iñaki Subijana, máxima autoridad de la Audiencia, Bravo atendió a este diario y anunció que pedirá la anulación del fallo (casación ante el Supremo) al considerar que existe “base legal para recurrir” la condena, aunque declinó realizar ningún tipo de valoración sobre la misma hasta la “declaración sosegada” que tiene previsto ofrecer próximamente de los 380 folios de que consta la resolución.

El condenado y su mujer siguen regentando un negocio en Jerte

La situación personal de Bravo podría verse alterada tras el acto de esta próxima semana. El exjefe de la Hacienda de Irún ya conoce la sombra de la cárcel. Estuvo recluido en Martutene, en dos periodos alternos, durante 474 días (casi 16 meses). La juez instructora dictó su ingreso en prisión a mediados de mayo de 2007. Permaneció 26 días entre rejas y salió en libertad provisional el 12 de junio siguiente, después de que sus familiares abonasen la fianza de 400.000 euros impuesta por el juzgado. Un mes más tarde, el 11 de julio de 2007, volvió a quedar recluido por orden judicial debido a que el entonces acusado se negó a prestar declaración ante la juez.

Tras pedir en tres ocasiones su excarcelación, la Audiencia de Gipuzkoa aceptó finalmente su puesta en libertad un año después, el 14 de julio de 2008. Sin embargo, Bravo no abandonó la prisión hasta que logró reunir los 500.000 euros en metálico —un millón en bienes inmuebles— que le había exigido la Audiencia para quedar libre. Su familia ofreció como garantía cuatro pisos, tres en San Sebastián y uno en Astigarraga, valorados todos en 1,6 millones. Bravo salió de Martutene el 2 de octubre de 2008, tras un año y 83 días privado de libertad.