La Generalitat quiere eliminar las elecciones en las universidades

Se acabaron los procesos electorales en las universidades. Con la reforma de calado que prepara la Generalitat, los rectores y los decanos serían nombrados a dedo por nuevos órganos de gobierno en que el Gobierno catalán tendría una presencia mayoritaria. La comisión para el estudio de la gobernanza universitaria tiene sobre la mesa un documento de trabajo (elaborado por un grupo de 10 expertos nombrados por el secretario de Universidades, Antoni Castellà) en el que propone cambiar de arriba abajo las universidades.

Se busca modificar el sistema en cuanto a contenido, es decir, que las universidades caminen hacia la especialización. “Un sistema uniforme como el actual no incentiva la excelencia”, reza el documento de la comisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El cambio más notorio y que más polémica puede generar afecta a la estructura de las universidades. El informe propone sustituir los actuales órganos, como el consejo social, el consejo de gobierno y el claustro por otros nuevos como un patronato, un consejo ejecutivo y un senado.

El patronato sería el auténtico núcleo duro de decisión, que fijaría la estrategia de la universidad, aprobaría el presupuesto y nombraría al rector. El órgano estaría formado por 15 miembros, la mitad designados por la Generalitat. El rector de la Universidad de Barcelona, Dídac Ramírez, rechaza la reforma y defiende el sistema actual, vía elecciones. “El sufragio universal da al rector legitimidad y le otorga autoridad”, tercia Ramírez, quien augura que con esta propuesta se acaba con “el peligro” de tener en el rector una voz crítica con el gobierno de turno.

Según el documento de trabajo de la comisión, el rector presidiría el consejo ejecutivo, que, valga la redundancia, solo se encargaría de ejecutar las directrices marcadas por el patronato. Este consejo —simplemente de gestión— estaría formado también por 15 miembros, entre ellos vicerrectores, gerentes y decanos.

El tercer órgano sería un senado, de carácter consultivo y muy parecido al claustro actual, que contaría con un centenar de miembros (el 70% serían profesores; el 20%, alumnos, y el 10%, personal administrativo). Es en este órgano sin poder de decisión el único en el que tendrían representación los estudiantes. El Consejo de Estudiantes de las Universidades Catalanas rechaza la propuesta, ya que “los alumnos, el colectivo más numeroso, quedan expulsados de los órganos de gobierno”.

La estructura interna actual de las universidades —organizadas en facultades y departamentos— también cambiaría, reduciendo su número y organizadas en unas nuevas estructuras básicas, cuyos directores serán nombrados por el rector (ahora los decanos también se eligen mediante elecciones), que, a su vez designará el director de unidad, un nuevo nivel organizativo. Para Josep Ferrer, representante de CC OO en la comisión de gobernanza y exrector de la UPC, esta reforma promueve una “estructura piramidal” que provocará la “desarticulación del sistema universitario catalán”.

También se quiere estrechar la vigilancia sobre los campus para que estos “rindan cuentas”, supeditando así su financiación al cumplimiento de objetivos y a “resultados contrastables” en la docencia y la investigación.

CiU lleva al Congreso

El documento también incide en otros aspectos, como en la necesidad de que las universidades busquen otras fuentes de financiación, básicamente privadas, y en la reducción de plazas de profesores funcionarios, en favor de los contratos laborales y de los docentes asociados (invitados por las universidades).

El documento defiende que el objetivo final de la reforma es dar más autonomía a las universidades, algo que pone en duda el rector de la Universidad Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau. “Si nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, eso no es autonomía, pero en todo caso habrá que esperar a la concreción de la ley para ver el margen de maniobra que dejan a las universidades”.

La ponencia urge en la aplicación de esta reforma y asegura que muchas de ellas pueden ser implementadas “a corto plazo”. Y es que para restructurar el modelo de facultades solo se necesita un cambio en los estatutos de las universidades. Para otros cambios clave, como la elección de rector, es necesario cambiar la Ley Orgánica de Universidades.

La Generalitat prevé tener listo el documento final de la comisión de gobernanza en septiembre, aunque la secretaría de Universidades admite que no se esperan “grandes cambios”. La intención del Gobierno catalán es presentar su propuesta en octubre, en el marco de la comisión de gobernanza creada a nivel estatal. Con todo, el grupo de CiU en el Congreso de los Diputados ya ha dado un paso adelante y ha presentado una proposición no de ley para abrir el melón de las reformas legales necesarias para que Cataluña pueda implantar su modelo universitario.