Una asociación de Alzheimer plantea un ERE por la deuda del Consell

La Asociación de Familiares de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (AFA) de Castellón ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para toda su plantilla, de 50 trabajadores, al no poder seguir afrontando su funcionamiento por la deuda del Consell, que ronda el medio millón de euros. El presidente de AFA, Emilio Marmaneu, reunió ayer a todo el personal para explicar la medida. “Hemos podido aguantar un año sin recibir dinero pero ya no nos queda nada para seguir”, dijo.

Marmaneu explicó que el ERE implicará una importante reducción de la jornada para la plantilla de todos sus centros. Algunos de ellos ya llevaban meses sin cobrar. Según destacó el presidente, la medida implicará una merma en la atención a los enfermos y familiares. “Jamás pensé que una ONG llegaría a esto, llegamos a tener 84 trabajadores y la asociación ya tuvo que recortar por los impagos, ahora trataremos de reducir a la mitad el gasto en personal”, dijo.

En cuanto a la atención, afirmó que en esta semana se reunirá con los familiares para plantear una reducción en el horario de atención. “Con menos gente trabajando menos horas nos vemos obligados a reducir el horario”, apuntó.

La asociación dispone de cuatro centros de día en Onda, la Vall d’Uixó, Vinaròs y Castellón que prestan atención durante doce horas. Marmaneu explica que serán los centros más afectados y estudia una reducción de entre tres y cuatro horas. También afectará a los centros de respiro. En total, AFA Alzheimer atiende a más de 250 familias por día.

“No paga desde 2011”

“La asociación se encuentra en serias dificultades económicas a causa de la deuda contraída por la Generalitat Valenciana que no abona la subvención que corresponde desde junio de 2011", indicaron desde la asociación. La deuda se estima en medio millón de euros. A ello hay que sumar la encrucijada en la que se encuentra el centro La Pineda, en Castellón, que AFA gestiona desde hace 17 años. La consejería de Bienestar Social anunció su cierre debido a la apertura del centro Gran Vía para personas dependientes, pero reculó y anunció una subvención de 80.000 euros.