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Enrique Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados por fraude fiscal

La Audiencia rechaza archivar la causa contra el constructor y otras cinco imputados de Hansa

El juzgado investiga un supuesto desfalco a Hacienda por más de seis millones de euros

El constructor alicantino Enrique Ortiz volverá a sentarse en el banquillo de los acusados ante un juez. En esta ocasión será por un presunto fraude fiscal cometido en supuesta connivencia con los responsables de Hansa Urbana. La sección décima de la Audiencia de Alicante ha rechazado los recursos de apelación de las defensas para que se archivara la causa.

Enrique Ortiz, también imputado en el caso Brugal, que investiga una supuesta trama política empresarial vinculada al negocio de la basura y al urbanismo en Alicante, afronta otro juicio oral contra él por tenencia ilícita de armas, por el revólver encontrado en la caja fuerte de sus oficinas de Cívica durante los registros policiales del caso Brugal.

La Audiencia de Alicante considera que hay suficientes indicios para llevar ante el banquillo a Enrique Ortiz y a otros cinco imputados por falsedad documental y un fraude fiscal que rozaría los 6, 1 millones de euros. Entre los acusados figuran el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, el cuñado de Ortiz Miguel Carratalá y un socio suyo, Aurelio González-Villarejo. Este último está implicado también, junto con Ortiz, en la rama de la operación Brugal que investiga el urbanismo de Alicante.

Tras la ratificación de la Audiencia de que la causa sigue adelante, el juzgado de instrucción dictará en breve el auto de apertura de juicio oral y dará traslado a las defensas para que presenten sus escritos. Por su parte, la Fiscalía ya ha solicitado 4 años y 9 meses de cárcel para Enrique Ortiz. En total, el Ministerio Público pide tres años de cárcel por un delito fiscal y un año y nueve meses por el delito de falsificación de documentos. Tanto la acusación pública como la Abogacía del Estado, afectada por el presunto fraude del IVA, reclamaron también provisionalmente que los acusados hagan frente al pago de una responsabilidad civil de 6 millones de euros, una cantidad que coincide con lo supuestamente defraudado a las arcas públicas.

La operación que investiga el juez es una venta de suelo en el PAU 4 de Alicante. Los terrenos eran propiedad del constructor alicantino y su socio Aurelio González-Villarejo, que los vendieron a Hansa Urbana. Esta última empresa supuestamente se dedujo los 6 millones de euros de IVA de manera indebida, al parecer utilizando documentos falsificados, según la investigación judicial.