La eterna sospecha de la financiación

El caso Palau ha resucitado una vieja sospechaque ha estado presente en distintos procesos judiciales pero que hasta ahora no ha podido probarse con rotundidad: la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Desde la década de 1990, los partidos que integran CiU han estado inmersos en media docena de causas que han arrojado sombras de duda sobre las aportaciones económicas que recibe y también sobre el papel que desempeñan sus fundaciones afines: la Trias Fargas, de CDC —rebautizada Catdem tras el escándalo del Palau— , y Cataluña y Territorio, de Unió.

El presunto desvío de 3,2 millones de euros a las arcas de Convergència es la advertencia más severa y más sólida al partido de Artur Mas desde el caso Casinos. El presidente de Casinos de Cataluña, Arturo Suqué, traspasó el equivalente a 18 millones de la empresa al partido. En 1997, el juez instructor concluyó que la decisión de financiar a CDC no era delictiva porque no atentaba contra el “interés social”. Tres años más tarde, el TSJC le reprochó al juez su actuación, pero dio carpetazo al asunto.

El tránsito del partido de Josep Antoni Duran Lleida por los juzgados ha sido más intenso. Cuatro procesos, dos de ellos aún abiertos, ponen en evidencia que dirigentes y militantes de Unió han desviado fondos públicos. Aunque se ha demostrado que buena parte de ese dinero no ha ido a parar a bolsillos particulares, no se ha podido demostrar en sentencia que haya nutrido el aparato financiero de Unió.

Dos de los casos que involucran a Unió han acabado en sentencia condenatoria. Aunque, en ambos, el resultado final ha quedado diluido, bien porque el Tribunal Supremo ha rebajado las penas impuestas inicialmente, bien porque los culpables han sido indultados por el Gobierno central, una medida de gracia que despierta fuertes recelos porque a menudo beneficia a delincuentes de cuello blanco condenados por corrupción. Se da, además, una curiosa circunstancia: el mismo magistrado que ahora ha impuesto la fianza millonaria a Convergència es el que condenó a Unió en esos asuntos, el caso Turismo y el caso Trabajo.

En 2005, en una sentencia de la que Pijuan fue ponente, la Audiencia de Barcelona condenó a penas de hasta tres años a nueve militantes de Unió por malversar un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña, un ente de la Generalitat, en los noventa. El consorcio lo dirigía entonces Joan Cogul, que se suicidó dos años antes del juicio. Los condenados contrataron informes inútiles sobre el sector turístico. En 2007, el Supremo descafeinó la sentencia y rebajó las penas a un año, por lo que los condenados no tuvieron que ingresar en prisión.

Pijuan también ha visto como otra sentencia suya, la del caso Trabajo, ha quedado en papel mojado. El pasado marzo, el Gobierno central indultó a Josep Maria Servitje, exsecretario general de Trabajo en la época de Jordi Pujol, y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña. Ambos fueron condenados en 2009 a cuatro años y medio de cárcel, una decisión que fue ratificada por el Supremo. De nuevo, el caso está relacionado con el encargo de informes sobre derecho laboral sin utilidad ni interés.

Uno de los procesos judiciales que, como el del Palau, siguen vivos, es el caso Pallerols, que afecta de lleno a la financiación de Unió. El fiscal solicitó hace dos años penas que suman entre 7 y 11 años de cárcel para cinco militantes del partido democristiano por malversación. Los imputados desviaron hacia el partido subvenciones de la Generalitat que iban destinadas a la formación de parados. Como ocurre con Convergència por el saqueo del Palau, Unió figura como responsable civil subsidiario, por lo que, si se acredita el delito, deberá devolver a la Generalitat 600.000 euros. Dos de los imputados ocupaban cargos directivos cuando ocurrieron los hechos (también en los noventa); uno de ellos es Vicenç Gavaldà, exsecretario de organización. El caso está pendiente de juicio.

Un juzgado de Barcelona investiga, además, una querella por apropiación indebida contra el exgerente de Unió Josep Maria Núñez y los dirigentes de la Fundación Cataluña y Territorio. El fiscal cree que hubo pagos a Unió a través de las facturas falsas de una red de empresas.