Arranca una ILP para crear la renta ciudadana garantizada

Garantizar a cualquier ciudadano una renta de 664 euros mensuales. Este es el objetivo de la renta ciudadana garantizada (RCG) que sindicatos y entidades sociales quieren crear como sustituta de la actual renta mínima de inserción (RMI). Para conseguirlo se ha puesto en marcha una campaña para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) que lleve al Parlamento el debate de esta nueva prestación. Los beneficiarios de esta ayuda serían todas aquellas personas que viven por debajo del umbral de pobreza (el 20% de la población, según las últimas estadísticas del Idescat correspondientes a 2010), fijado en 7.967,73 euros anuales o 664 mensuales.

El importe de la prestación se podrá modular según la situación familiar, ya que la renta ciudadana garantizada sería compatible con otro tipo de ayudas. A diferencia de la RMI -que tiene un importe fijo de 423 euros mensuales- la nueva RCG variará según los ingresos ya existentes en el núcleo familiar, de manera que el beneficiario recibirá 664 euros si no percibe otros ingresos, o en el caso de recibir, por ejemplo, una ayuda de 500 euros, entonces la RCG sería de 164 euros.

El nuevo subsidio también se diferencia de la RMI por el perfil de beneficiarios. A la RCG podrían acceder los mayores de 18 años (o menores emancipados) con residencia legal en Cataluña, es decir, haber vivido de forma ininterrumpida durante 12 meses (en la RMI se requieren dos años). “Así evitamos el efecto llamada”, han justificado los impulsores. Si la Administración no contesta después de dos meses de haber solicitado la ayuda, se considerará concedida.

Los beneficiarios también estarán ligados a unas obligaciones, como no rechazar una oferta de trabajo “adecuada y digna”, según la formación y capacidad de los perceptores.

El espíritu de la nueva ayuda es que debe ser “un derecho universal, no condicionada a los presupuestos de la Generalitat y no vinculada a las políticas de inserción laboral”, han resumido los impulsores. “Total, ¡tampoco hay dinero para hacer políticas de ocupación!”, argumentan. Para justificar la RGC, los impulsores de la ley se amparan en el artículo 24.3 del Estatuto catalán, que establece que “las personas o familias que se encuentren en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna”.

El proyecto de ley para la creación de la RGC está impulsado por entidades sociales, cívicas y políticas y ha sido presentado este jueves en un acto que ha contado con la presencia de los secretarios generales de los sindicatos CC OO y UGT de Cataluña, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, respectivamente, y con el presidente de la Fundación Justícia i Pau, el economista Arcadi Oliveres.

La comisión promotora de la ILP calcula poder presentar en el Parlament su proyecto de ley en octubre. Entonces, se iniciará el proceso para recoger las 50.000 firmas necesarias en cuatro meses para que la normativa sea debatida en la Cámara catalana. Otra cosa son los apoyos políticos que puedan recibir, que seguramente se restringirían a los partidos de izquierda. Y es que este martes pasado, CiU y PP se aliaron para vetar la propuesta de reforma de la RMI impulsada por el PSC, que buscaba eliminar las restricciones a la prestación impuestas por la Generalitat hace un año y devolver el carácter universal a esta ayuda que reciben las personas con más riesgo de exclusión.