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Un decreto obligará a las empresas a respetar los topónimos en gallego

El borrador deja sin subvenciones a los libros de texto con nombres incorrectos

Los edificios, instalaciones y elementos materiales e inmateriales, públicos o privados, cuyo nombre haga referencia al territorio que ocupan deberán respetar la toponimia oficial gallega. Así lo establece el borrador de decreto que prepara el Gobierno gallego para actualizar sus normas sobre toponimia.

El texto, que está en periodo de alegaciones, evitará que proliferen a partir de ahora nombres de empresas públicas y privadas ya existentes como Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, Camping Bayona Playa, Deportivo de La Coruña u Hotel Attica 21 Villalba, aunque de momento la ambigüedad de su redacción deja en el aire su posible aplicación con carácter retroactivo. El nuevo decreto por el que se regula el uso de las denominaciones de lugares en Galicia recuerda que por ley todos los topónimos “tienen como única forma oficial la gallega” y, tras insistir en su correcto uso por parte de las Administraciones públicas, extiende su ámbito de acción también al sector privado.

El borrador del decreto introduce como novedad que “deberán respetar la forma oficial de los topónimos todas las instalaciones y elementos materiales e inmateriales que incorporen en su denominación un nombre de lugar del territorio de Galicia, como, entre otros, los parques eólicos, los registros mineros, las designaciones de los medios de transporte y las marcas comerciales”. El texto que prepara la Consellería de Presidencia que dirige el popular Alfonso Rueda está aún en fase de borrador y cualquier particular puede presentar alegaciones hasta final de mes. En la propuesta no se detalla si será aplicado a denominaciones comerciales ya existentes o solo a las que sean de nueva creación. Únicamente en el caso de las urbanizaciones de viviendas se especifica que la medida se aplicará solo a nuevas construcciones. En ese caso concreto, sus promotores “deberán dirigir una solicitud a la Consellería de Presidencia para que] autorice la denominación de dicha nueva entidad” y “tal denominación deberá acomodarse, inexcusablemente, a la toponimia existente en el área de implantación de la urbanización”.

En su explicación de la nueva norma la Xunta recuerda que en 2003 aprobó el nomenclator oficial de entidades de población y que desde hace una década está en marcha un proyecto para fijar de forma oficial también la microtoponimia, ahora con la aplicación de las nuevas tecnologías de geolocalización. Con esos trabajos finalizados o ya en ejecución, defiende la necesidad de un nuevo decreto que “aunque mantiene en lo sustancial las formulaciones de la normativa vigente hasta el momento” extiende “a nuevos ámbitos la obligación de fijar como única forma oficial la gallega”. El decreto, sin embargo, solo establece sanciones por su incumplimiento en un caso: los libros de texto no recibirán subvenciones si incluyen en sus páginas topónimos incorrectos.Más allá de lo obligatorio, en el ámbito de lo posible la norma apuesta por firmar convenios para que también las carreteras estatales recojan en sus señales la toponimia oficial gallega incluso fuera de Galicia. Esto es, que a la salida de Madrid los carteles de la A-6 dejen de poner “La Coruña”. La norma también reforma la Comisión de Toponimia, el órgano asesor de la Xunta, en el que se incrementa el peso y la capacidad de veto de la Real Academia Galega (RAG).