“Si nos echan, ¿adónde vamos?”

“Somos vecinos. Solidaridad”. Una gran pancarta con este texto flanqueaba ayer la puerta del número 127 de la calle de Puigcerdà, en el barrio barcelonés del Besòs. Esta nave industrial abandonada —y ocupada ilegalmente— es el hogar taller de unas 300 personas, en su mayoría subsaharianos, que se dedican a recoger chatarra. Los Mossos d’Esquadra les informaron el pasado jueves de que serían desalojados ayer, pero en el último minuto una juez decidió posponer la diligencia, a la espera de que las partes lleguen a un acuerdo.

El letrero no es casual. Los habitantes de la nave —un cóctel de inmigrantes con papeles, indocumentados y algunos otros con órdenes de expulsión— se han ganado la simpatía de los vecinos, que, junto con otras organizaciones, decidieron conformar la red de ayuda a los asentamientos para brindarles soporte. “Trabajan día y noche, los ves recorrer la calle con sus carritos de compra llenos de chatarra y no le hacen daño a nadie. Lo que tienen dentro es lo único que poseen”, explicó María García, una vecina.

Ayer, ante la inminencia del desalojo, decenas de personas se acercaron al lugar desde primera horas de la mañana para impedir que los Mossos los sacaran de la finca. Con música y un tentempié, las horas fueron pasando hasta que oficialmente se notificó la moratoria de al menos una semana, el tiempo que la juez considera necesario para desocupar la nave. El juzgado instó a las partes —los habitantes de la nave y su dueño, la promotora Fincas Riana, según consta en los documentos del Plan de Mejora Urbana Perú-Pere IV— a llegar a un acuerdo sobre la situación de la nave.

“Si hay un desalojo, el problema se desplazará, no se solucionará”, aseguró Mane Atab, de la Fundación Cepaim, que forma parte de la red de ayuda. “Necesitamos un margen de tiempo para poder organizar una salida digna. No sentimos que haya voluntad política de resolver el problema”, apuntó.

El Ayuntamiento de Barcelona insiste en que solo puede brindar servicios sociales a los desalojados y en que el hecho de que muchos carezcan de papeles obliga a que sea “la subdelegación del Gobierno la que deba ocuparse”. Una portavoz explicó que no se ha mediado entre la propiedad y los habitantes de la nave, como se hace en el caso de los desahucios hipotecarios, porque se trata de una ocupación ilegal.

“Si nos echan, ¿adónde vamos? Necesitamos tiempo, al menos seis meses, para buscar otro sitio y sacar todo lo que hay dentro", se quejó Ibrahim, uno de los habitantes de la nave. Una vez que se supo que no había desalojo, los carritos de supermercado volvieron a rodar. La supervivencia no entiende de juzgados.