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El evaluador externo participó en el fraude de cooperación, según el fiscal

Un correo electrónico revela que intervino en el hospital de Haití

El responsable de la principal empresa evaluadora externa que analizaba los proyectos de cooperación para la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Luis Fernando Castel, participó en la elaboración del proyecto que luego debía analizar, y hasta propuso el cobro de una comisión, el cinco por mil, de la subvención total, que era de cuatro millones de euros. Los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres han incluido un correo electrónico de Castel que revela esos hechos en el informe para justificar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la necesidad de imputar al exconsejero Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas.

El concurso de la consejería para adjudicar cuatro millones de euros en la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país caribeño en enero de 2010 ha constituido uno de los puntos clave de la instrucción del caso de la cooperación, que investiga el desvío de más de 6 millones de euros de las ayudas de la Generalitat a países del Tercer Mundo.

Tras el terremoto, la Generalitat recaudó 177.000 euros a base de aportaciones voluntarias de los ciudadanos. Y en agosto de 2010 entregó todo ese dinero sin ningún concurso público a la Fundación Hemisferio, que el principal imputado de la trama, Augusto César Tauroni, usó para desviar el dinero de las ayudas otorgadas a organizaciones no gubernamentales (ONG) para proyectos en países en vías de desarrollo. La excusa era hacer una oficina técnica que desarrollara el proyecto del hospital, pero tras la polémica desatada en prensa se convocó, ya el 19 de abril de 2011, el concurso oficial para adjudicar una ayuda de cuatro millones de euros destinada a construir el hospital (con un coste total de cinco, el millón restante lo aportaría la organización ganadora).

"El concurso estaba dirigido para que fuese Augusto César Tauroni el que recibiese los cuatro millones de euros", aseguran los fiscales en su informe. Y se basan en las declaraciones de la imputada Dolores Escandell, jefa de servicio de área de Cooperación. “Desde el inicio se sabía que se iba a adjudicar dicho proyecto a Esperanzas sin Fronteras”, declaró la responsable de la gestión del concurso, que añadió que era evidente que el presidente de esta ONG “no había redactado el proyecto” sino que lo hizo Hemisferio. De hecho, trabajadores de la fundación lo prepararon con el personal de la Administración en la propia consejería. Hasta Blasco entró en alguna reunión en la que se ultimaba el proyecto ganador días antes de que se acabase el plazo de propuestas.

“Te propongo

el cinco por mil de

la subvención”

El concurso se resolvió “con suma rapidez”, según la fiscalía. Así, acabó el plazo para presentar solicitudes el 26 de mayo y con fecha del 31 de mayo, apenas cinco días después, aparecen en el expediente el certificado de solicitudes, la evaluación por parte del evaluador externo y la propuesta del comité técnico de colaboración, lo que a juicio de los fiscales es “algo prácticamente imposible salvo que el evaluador de los tres proyectos hubiese participado en uno de los proyectos a evaluar”.

Y esa tesis queda corroborada con un correo electrónico entre Luis Fernando Castel y Marc Llinares, entonces jefe del servicio de Cooperación, en el que el técnico le remite “el sistema de evaluación del proyecto Haití”. Y le adelanta además otro informe: “Un documento de contenidos técnicos que está en sintonía con el sistema de evaluación y el sistema de reparto de puntos inicial que tengo previsto”.

Castel no solo aporta los criterios con los que lo va a evaluar sino que da consejos para que el proyecto de Hemisferio (oficialmente de Esperanza sin Fronteras) gane: “Es fundamental ceñirse a él con objeto de no tener problemas futuros”. También recomienda incorporar una ingeniería para preparar la oferta y hasta recomienda contratar a un cuñado suyo que cobraría unos 4.000 euros. Aconseja prestar mucha atención a temas como la organización de la obra, los recursos humanos a emplear y los proveedores, ya que de ahí “se infiere la capacidad técnica y de gestión” del proyecto. Y añade: “Este aspecto además es el que más cuidado debemos poner ya que es el punto más fácil de atacar”.

Era evidente que la ONG

ganadora “no había

redactado el proyecto”

En el correo electrónico Castel explica que según lo hablado con Tina (la imputada María Agustina Sanjuán, que fue secretaria general administrativa de la consejería), se comprometió en “ir hasta el final”, pero con la condición de que se siguieran todas sus instrucciones en la “redacción de la documentación técnica” del proyecto. Lo explica: “Esto es así porque si el tema transciende y se emponzoña —que puede— tendremos defensa sobrada si se hace como yo digo”. Y advierte a Llinares: “Si los redactores del proyecto van por libre y no hacen caso, no estoy dispuesto a pagar yo sus errores y tener que firmar documentos insostenibles”.

En el correo también plantea lo que pensaba cobrar: “Los honorarios que te propongo son el remate del contrato existente, que viene a ser del orden del 5 por mil de la subvención total”. Es decir, si son 4 millones percibiría 20.000 euros. Castel incluso explica a Llinares la composición del equipo evaluador.

Al concurso se presentaron tres ofertas, la de Esperanza sin Fronteras y las de Fundem y Sotermun. En su declaración como imputado ante la juez el 23 de febrero, Castel aseguró que Llinares le manifestó que tenía interés por los proyectos de algunas ONG y le pidió que “los mirase con cariño”. También confesó que puso en contacto con Hemisferio a su cuñado, Vicente Isidro Grau Peñalver, y que evaluó, con una empresa que constituyó en 2011 denominada Expande, el proyecto de Hemisferio, en cuya evaluación favorable se reiteró. En cuanto a sus emolumentos, explicó al juez que cobraba conforme al contrato a 165 euros por expediente.

Antes de tener Expande, Castel constituyó la empresa evaluadora Caaz, que también elaboró (en una UTE con Broseta) los informes para proyectos como los de la Fundación Cyes, que desvió ayudas para Nicaragua por 1,6 millones a la compra de inmuebles en Valencia. Caaz también fue adjudicataria de trabajos para las consejerías de Territorio y de Sanidad.