Solo uno de cada 27 parados podrá obtener formación este año

La tesis que indica que una de las mejores fórmulas para combatir el paro es ofrecer una buena formación a los desempleados es cada vez más difícil de cumplir en Galicia. Este año los recortes en este ámbito llevarán a que tan solo una de cada 27 personas que se encuentran en el paro (un 3,7% del total) pueda acceder a un curso de formación, para mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo.

La rebaja del presupuesto supera el 40%, al pasar de los 67,5 millones de euros dedicados en 2011 a cursos para desempleados a los 39 que se destinarán este año. De esta forma, sólo habrá plazas disponibles para 10.000 alumnos, frente a los 17.300 que hubo el año pasado. En cuanto a la formación para ocupados, el recorte es aún mayor, ya que se pasa de los 38,7 millones del año pasado a los seis millones previstos en 2012, es decir, más de un 80% menos.

Las plazas para desempleados se reducen un 42% y para ocupados, un 80%

El parado se encuentra con que conseguir plaza en uno de esos cursos comienza a parecerse a una oposición. A la caída en los fondos disponibles se suma la poca claridad en la oferta de cursos existente y las dificultades para ser admitido. En principio son técnicos los que establecen quienes son los más apropiados para acceder a un curso de formación. En teoría, si hay plazas libres, los parados pueden solicitar su inclusión en alguno de los cursos pero la oferta es muy desigual según cada comarca. Es probable que un parado encuentre un curso que se adapta a lo que está buscando, pero también lo es que el lugar donde se celebre esté a muchos kilómetros de distancia del lugar en que reside.

La Xunta asume el gran recorte en los fondos para formación, que proviene del Gobierno central. Desde la Consellería de Traballo e Benestar señalan que su objetivo es que aquellos que salgan de los cursos de formación vean muy mejoradas sus capacidades profesionales y, por tanto, la oportunidad de encontrar un empleo.

Por parte de los sindicatos se critican los recortes y además se apunta que el sistema vigente no es el mejor posible para permitir al parado su inserción laboral. Cualquier centro que tenga la habilitación necesaria puede llegar a impartir formación, lo cual en muchas ocasiones no se corresponde con la demanda que existe en cada comarca o municipio.

La directora general de Formación e Emprego, Ana Díaz, reconoce que le gustaría contar con más fondos pero en la situación actual la única opción es “optimizar” los recursos disponibles. Insiste en que el modelo no establece de entrada unas cantidades a percibir por sindicatos, asociaciones empresariales, ayuntamientos u otros entes capacitados para ofrecer formación, sino que el reparto se realiza en función de las oferta que presente cada una de estas entidades.

Los sindicatos no participan en el diseño de los cursos a parados

“Los requisitos que se establecen para que un centro pueda realizar formación son muy duros, por lo tanto todos los que están acreditados pueden afrontar la tarea sin problemas”, indica Díaz, quien asegura que se realizan informes para tratar de adaptar el tipo de cursos que se realiza en cada comarca a la demanda existente. El problema es que el sistema impide que se pueda realizar un curso determinado a menos que haya alguna entidad que los solicite.

Sobre las dificultades para acceder a los cursos, Ana Díaz explica que los demandantes de empleo han sido clasificados y cuentan con un itinerario de inserción que permite seleccionar a los más adecuados para cada programa. Además, los desempleados pueden solicitar su inscripción si quedan plazas libres. “Hay que huir del <CF1001>cursillista profesional que realiza cursos sin una orientación determinada”, indica Díaz. La picaresca parece más difícil dada la gran reducción de plazas.

No hay evaluación oficial del resultado de los planes de formación

Desde los sindicatos la visión es bien distinta, Anxo García, responsable de Formación de la CIG, se muestra muy crítico con la reducción de fondos y con la tardanza en aprobar las partidas que ha obligado a realizar cursos “a marchas forzadas”, para poder cumplir el calendario. García apunta que se invierte casi tanto en programas de orientación laboral como en cursos de formación, con el objetivo de “beneficiar a ayuntamientos cercanos al PP, asociaciones benéficas, etc.”.

García destaca que los sindicatos se ven obligados a financiar la realización de los cursos ante la necesidad de anticipar, hasta el 80% del coste de cada uno de ellos, cuando antes este porcentaje se reducía al 25%. José Domingo Barros, secretario de formación de UGT-Galicia, señala que las asociaciones empresariales tienen más vías de acceso a los fondos que los sindicatos. Además, lamenta que las organizaciones sindicales no tengan un papel en el diseño de los cursos que se realizan a los parados, al contrario de lo que sucede con los ocupados.

Los sindicatos critican que los ajustes para formación se realicen sobre un dinero que han aportado los propios trabajadores y empresas a través de la cotizaciones sociales, al que deben añadirse los fondos procedentes del Fondo Social Europeo, que equivalen a un 20% del total. Desde la patronal gallega aclaran que la CEG no participa en los planes de formación, ya que son ejecutados por las confederaciones provinciales.

La realidad es que más allá de las líneas maestras que se supone que fija la Consellería no se aprecia en la programación una estrategia para que los cursos consigan el objetivo de que los parados puedan acceder a un empleo. La directora general de Formación explica que el objetivo es mejorar las oportunidades de encontrar un empleo de los alumnos, aunque reconoce que no hay garantías de que la formación que reciben sea la mejor para encontrar un trabajo con rapidez, dada la situación del mercado laboral.

Otra cuestión pendiente es el control de los fondos destinados a formación. La Consellería de Traballo detectó hace unas semanas un presunto fraude en A Coruña, donde se pidieron fondos para cursos que nunca llegaron a realizarse. Díaz apunta que se realizan inspecciones en todos los programas, con una media de tres visitas de inspectores a cada uno. Además, se hacen encuestas a los alumnos para saber el nivel de satisfacción con la formación recibida. Sin embargo, no hay una evaluación oficial del resultado de los planes de formación. No se hace público, por ejemplo, que porcentaje de desempleados que pasan por los cursos acaban obteniendo un empleo. Así parece difícil conseguir poner fin al drama que padecen ya 269.203 gallegos registrados en el INEM.