Peligros planta cara al desahucio

A la entrada del municipio de Peligros (11.000 habitantes), en el área metropolitana de Granada, un cartel recuerda a todos el artículo 47 de la Constitución: el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Desde el pasado mes de marzo, vecinos y visitantes saben, nada más llegar al pueblo, que el Ayuntamiento está contra los desahucios. Y no es solo un gesto. Izquierda Unida y Alternativa Democrática de Peligros (ADP), que gobiernan en minoría (seis de 17 concejales), están dando pequeños pasos contra una de las secuelas lamentables que está dejando la crisis: el de familias obligadas a abandonar sus viviendas por el impago de la hipoteca.

La preocupante situación de desamparo en la que se encuentran miles de familias y el aumento de ejecuciones hipotecarias con una previsión al alza motivó la presentación de una moción al pleno del Ayuntamiento que partió de los cinco concejales de IU y se aprobó con los votos de ADP y PSOE. En ella se pide al Gobierno central que adopte medidas para garantizar el derecho a la vivienda, pero más allá de las de competencia estatal, el municipio está emprendiendo actuaciones para combatir el drama.

Ha cancelado sus cuentas en una entidad que no quiso negociar

El alcalde, Roberto García, es consciente de las “limitaciones” para luchar desde el Ayuntamiento contra lo que considera “una de las mayores injusticias” de estos turbulentos momentos, pero toma la iniciativa en lo que puede. Esta semana, el equipo de gobierno ha cancelado las cuentas municipales que tenía en CajaGranada por la “falta de colaboración y comprensión” de la entidad bancaria. Según el Consistorio, lejos de negociar una situación que es “muy difícil” para una de las familias del pueblo, la entidad continúa con sus pretensiones. La caja, que hizo público que aplica el código de buenas prácticas, ha declinado pronunciarse sobre esta decisión municipal.

“Si otras entidades al menos se lo piensan un poco, habrá servido para algo”, explica el concejal de Empleo, Desarrollo Local, Juventud, Participación Ciudadana y Comunicación, José Antonio Paniagua. Retirar las cuentas es un paso más que ha dado el Consistorio por los desahucios. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento asesoran a las familias con problemas. Actualmente hay una veintena inmersas en procedimientos de desahucio, algunos están muy avanzados, con pocas esperanzas de solución, pero con otros están consiguiendo “negociar para alejar al último término la expulsión de la vivienda”. El aplazamiento más reciente se logró, con presencia de Stop Desahucios, el pasado 3 de julio. El Ayuntamiento recomienda que cuando surja la primera dificultad los afectados acudan a los servicios sociales municipales.

“En muchos casos no se obtiene la solución ideal, pero algo sí se puede hacer”, afirma Paniagua. Uno de los afectados, que prefiere el anonimato, agradece la ayuda municipal, especialmente por el asesoramiento legal. El Ayuntamiento interpela a las entidades financieras que operan en el municipio para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de “deudas ilegítimas” fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria y revisa los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio. Si se puede, colabora para solicitar al juez la suspensión cuando sea por motivos económicos y se trate de la única vivienda.

Otras de las medidas acordadas es la eliminación de un impuesto municipal de plusvalías para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda y para aquellas que logren la dación en pago, en los supuestos en los que la ley lo permita. El Ayuntamiento, además, no pone ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio. Ese fue el punto más controvertido de la moción, pero se aprobó. Stop Desahucios en Granada cree positivas estas medidas y confía en que otros municipios las secunden.

En la situación actual, el alcalde, Roberto García, pide “humanidad y comprensión”. Luchar contra las consecuencias negativas de la crisis es lo que persigue el Consistorio que trata de acercarse, según sus responsables, a los vecinos del municipio que cada vez más preguntan por servicios antes minoritarios como el banco de alimentos. ¿Estáis satisfechos? “Estamos más bien preocupados, lo estamos intentando pero la situación va a peor para el grueso de la población y son muchas las necesidades”, concluye Paniagua.