TVG blinda el millonario negocio del doblaje a sus proveedores tradicionales

Hace 30 años que surgió en Galicia el primer estudio de doblaje audiovisual. Comenzó en castellano y pronto se expandió al gallego, con la creación en 1985 de TVG. Un negocio sustentado por dinero público —de media anual, 4,5 millones de euros— que siempre funcionó como coto reservado a un puñado de empresas privadas. Cinco, con claro predominio de la catalana Soundub que acapara el 38% del presupuesto de TVG para esta actividad, fueron las seleccionadas para repartirse los 33,6 millones que la televisión pública dedicó entre 2004 y 2010 al servicio de doblaje en lengua gallega y sonorización de obras audiovisuales.

Año y medio le llevó al canal autonómico abrir, obligado por la Ley de Contratos del Sector Público, este acotado mercado. Convocó, por primera vez, un procedimiento abierto y público para contratar este servicio, en el que se gastará 3,4 millones de euros entre 2011 y este año. Un proceso de contratación que resultó contestado, largo y tortuoso. Generó múltiples recursos. Y es que la adjudicación, resuelta en marzo pasado, deja las cosas casi igual que como estaban: las cinco empresas —cuatro de capital gallego nacidas en la década de los noventa— siguen siendo los privilegiados proveedores de doblaje al gallego de la televisión pública. Otras dos sociedades de más reciente creación también lograron entrar en el reparto aunque con una mínima participación (un 5% y 3% del presupuesto anual de TVG para esta actividad).

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Santiago acaba de admitir a trámite la demanda de una de esas empresas, la coruñesa Babalúvox, contra esta contratación del doblaje en gallego. El juez ha dado 20 días a la Compañía de Radio y Televisión de Galicia —aún no venció el plazo— para entregarle el expediente de esta adjudicación.

Para tres de las siete empresas que optaron a este concurso no se ajusta a derecho, fue arbitraria y subjetiva, además de discriminatoria y contraria a la libre competencia, según alegaron en sus recursos ante TVG. Todos fueron rechazados y ahora es en el terreno judicial donde continúa la batalla por hacerse un hueco en este nada desdeñable negocio acotado del doblaje audiovisual al gallego.

Un mercado en el que TVG siempre fue reacia “a dar entrada a nuevos agentes”. Por mucho que existan nuevos estudios de capital gallego “que probablemente ofrezcan todas las garantías de profesionalidad, equipamiento y tecnología”, según admite en un informe de 2010 sobre el sector del doblaje y la sonorización en Galicia que el presidente de la Xunta remitió a Babalúvox.

Para la televisión gallega, al reducirse su presupuesto anual para esta actividad (pasó de cinco millones en 2004 a 3,4 millones este año) y por tanto caer un 17% el volumen de facturación del sector, la entrada de nuevas empresas “desestabilizaría el escenario, podría comprometer la viabilidad” de las cinco sociedades privilegiadas desde hace décadas. Sobre todo las cuatro gallegas “de pequeño tamaño y débil viabilidad”. “E incluso podría propiciar su reorganización con el consiguiente conflicto en el sector”, alertaba TVG.

Quizá por eso en el procedimiento abierto que no le quedó más remedio convocar en marzo de 2011, el canal autonómico exige a las empresas interesadas que acrediten 340.000 euros de media anual en servicios de doblaje y sonorización. Y haber además facturado como mínimo en los últimos tres años 170.000 euros anuales en trabajos doblados al gallego. Dos requisitos que solo podían de entrada cumplir los cinco privilegiados proveedores de TVG. En el segundo pliego de condiciones —el primero fue anulado—, TVG rebaja este requisito al permitir que estudios sin experiencia presenten una película, realizada incluso ex profeso, doblada al gallego. Pero mantiene, en los requisitos de la contratación, un reparto de los contratos que siempre primará, con más de un tercio del presupuesto, a una única empresa.