El viejo penal provincial de A Coruña cumple condena
El impago de un millón de euros del Ayuntamiento a Interior bloquea la recuperación de la antigua cárcel
Las celdas del viejo penal provincial de A Coruña ya no albergan presos. Desde que dejó de emplearse como prisión en 1999 lo único que allí queda es el tiempo y la historia. Sus muros de cemento enverdecido y sus alambradas destartaladas intuyen un pasado macabro y evocan guerra civil. En su interior, riadas de humedad surcan las paredes alimentadas por una lluvia que ya no tiene cristales que la frene.“Ahora le toca a él cumplir condena”, ironiza un vecino.
En 2005, el gobierno local de Francisco Vázquez inició los trámites para rescatar a la cárcel del olvido. El acuerdo establecido con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) —entidad dependiente del Ministerio del Interior y propietaria del centro— comprometía la devolución del penal al ayuntamiento a cambio de un terreno para levantar un nuevo centro de inserción social y el pago de más de un millón de euros. La cesión de esta parcela se hizo efectiva y en 2009 el centro de inserción Carmela Arias y Díaz de Rábago se puso en marcha a pocos metros del viejo penal. Sin embargo, fuentes del Ministerio, que en todo momento mostraron reticencia a informar sobre el estado de la prisión, explican que el pago de la cantidad no llegó a efectuarse. “Es lo que falta para realizar el traspaso definitivo. A nosotros el edificio no nos interesa”.
El anterior gobierno bipartito intentó explotar culturalmente el complejo y, con el permiso de Interior, en 2010 y 2011 se abrió al público esporadicamente para acoger actos como el festival de cine periférico S8, la exposición de Isabel Coixet “From I to J”, o un concierto en homenaje a Lois Pereiro. Pero con la pérdida del gobierno las puertas se volvieron a cerrar. “Desde la oposición preguntamos por la prisión pero no responden ni quieren hablar nada”, asegura la exedil de Cultura, la nacionalista María Xosé Bravo.
El cambio de gobierno local hace un año tampoco ha ayudado a agilizar el traspaso. Aunque el Partido Popular siempre aseguró tener a la prisión en su agenda, la llegada al poder no se materializó en nada concreto. “Con el nuevo gobierno no se avanzó nada. Las negociaciones están en stand by”, explican fuentes del SIEP. El Ejecutivo local, por su parte, ha dado la callada por respuesta y no ha querido aclarar la situación en la que se encuentra el complejo. Para Rocío Fraga, integrante de Proxecto Cárcere, la plataforma ciudadana creada con el objetivo de reabrir el penal al público, la actitud del equipo municipal es síntoma de que “no tienen ni interés ni un plan”.
“Aunque no se sepa que hacer con él hay que rehabilitarlo ya porque cada día que pasa su estado empeora”, alerta José Luis López Mihura, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en Coruña. “Además está en una zona buffer”. Y es que el penal provincial permanece, tras la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, en un área de especial protección dada su proximidad al faro romano. “Si no puede pagar, el ayuntamiento debería renegociar el convenio o lograr una concesión del tipo que sea. Lo que no se puede permitir es que siga así”, ahonda.
Además, a la vista de la legislación urbanística, el estado de la prisión incumple la ordenanza municipal de conservación y rehabilitación de inmuebles que obliga al Ministerio, como propietario de la infraestructura, a “mantenerla en condiciones de funcionalidad y salubridad realizando los trabajos de conservación y rehabilitación necesarios” y exige al ayuntamiento “vigilancia y control” para garantizar su buen estado. Pese a esto, desde el SIEP ya hay marcada una postura: “No tenemos nada que rehabilitar porque no le vamos a dar ningún uso. El problema es del ayuntamiento”. La única decisión en firme tomada por el Ejecutivo central para preservar el edificio fue tapiar algunas entradas y contratar a un guardia jurado. “Hasta entonces la gente entraba, provocaba desperfectos, y robaba la instalación eléctrica”, lamentan desde Proxecto Cárcere.
La polémica no solo salpica al presente, si no también al futuro del penal. Desde el inicio, un abanico de propuestas sobre qué hacer con la prisión planeó sobre los despachos de María Pita. Se pensó en convertirlo en museo del automóvil, en centro de interpretación de la Torre o en parador nacional. En las últimas semanas, los integrantes de Proxecto Cárcere han puesto su alternativa sobre la mesa: un plan de viabilidad para un centro sociocultural y de la memoria abierto al público. “Sería un espacio de creación para la expresión del ciudadano”. Mientras tanto, el ayuntamiento se limita a dar largas. Ahora solo falta por conocer su propuesta.
