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Villalonga niega al juez cualquier irregularidad en los pagos a Urdangarin

La secretaria general de la Delegación del Gobierno la jornada de declaraciones

El juez José Castro interrogará a una veintena de personas

Isabel Villalonga, esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Isabel Villalonga, esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La secretaria general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga, que fue hasta hace unos meses subsecretaria de Presidencia en los Gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, del Partido Popular, ha declarado esta mañana durante más de una hora como imputada ante el juez José Castro, que instruye el caso Nóos.

Villalonga está imputada por haber autorizado el pago al Instituto Nóos, la empresa que presidía Iñaki Urdangarin, de parte de los contratos para la celebración, por tres millones de euros, de unos supuestos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a tener lugar. Su comparecencia estaba prevista para mañana, pero se ha adelantado un día.

Villalonga ha negado a Castro cualquier irregularidad en los convenios con la firma del duque de Palma. Así, ha defendido "la gestión intachable" del convenio con Nóos, que asegura que fue convenientemente fiscalizada y con el visto bueno del Consell. También ha argumentado que se devolvieron muchas facturas a la firma de Urdangarin. "Si devolvimos facturas por dos millones eso quiere decir que el resto estaban correctas", ha explicado. "El expediente es correcto, está completo", ha asegurado al salir del juzgado.

El juez de Palma de Mallorca José Castro se ha desplazado a Valencia por segunda vez para tomar declaración a 25 personas, cuatro de ellas imputadas en la causa. Además de Villalonga, que ha adelantado su comparecencia, hoy ha desfilado ante el juez Elisa Maldonado, exdirectora de Operaciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), que financió la celebración en Valencia de tres ediciones de un congreso sobre el mundo del deporte, denominado Valencia Summit, que costaron más de tres millones de euros.

La exdirectora de Cacsa se ha desdicho de su anterior declaración ante la Policía y ha negado haber afirmado que se le ordenó "vestir el santo" de la contratación entre la Generalitat y el instituto Nóos, según ha explicado la letrada de la acusación particular que ejerce el sindicato Manos Limpias, Virginia López.

Así, siempre según esta letrada, Maldonado ha asegurado que no le consta haber pronunciado la frase "vestir el santo" del contrato suscrito entre la Generalitat y el Instituto Nóos para la organización de las cumbres Valencia Summit entre 2004 y 2006.

Maldonado declaró ante la policía el pasado 1 de diciembre en Valencia y reconoció que escribió un informe técnico en el año 2005, que fechó en 2004, para "intentar cubrir las apariencias de no necesidad de publicidad y concurrencia" de dicho contrato. La exdirectora incorporó luego el informe al expediente de 2004 de las jornadas Valencia Summit por indicación de Jorge Vela, entonces director general de Cacsa, quien le ordenó hacerlo, dijo, "cuando se dio cuenta de que no había justificado la contratación del Instituto Nóos".

También ha prestado declaración Luis Lobón, secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat hasta su imputación y que fue director general de Grandes eventos en 2004, y María Ángeles Mallent, responsable jurídica de la firma pública, que entró a declarar como testigo en la anterior visita de Castro y salió como imputada.

En la sesión de hoy la mayoría de las declaraciones previstas correspondían a personal de la agencia Lobby Comunicación, cuyo propietario, Miguel Zorío, está también imputado. La firma facturó 600.000 euros al Instituto Nóos. En concreto, estaba previsto que pasaran a declarar ante el juez Castro ocho mujeres, cuatro de ellas administrativas y el resto periodistas.

La Generalitat entregó a los juzgados toda la documentación que sirvió para justificar el pago de 382.000 euros por las gestiones realizadas para la celebración de los Juegos Europeos. Al parecer, en dicha documentación no hay ningún informe técnico preciso para autorizar el pago que autorizó Isabel Villalonga. En su anterior declaración explicó que se perdió en un traslado de despachos.

Las declaraciones por el caso continuarán mañana, cuando está previsto que declaren como testigos dos exvicepresidentes del Gobierno valenciano. Se trata de Víctor Campos —que asumió el delito de cohecho pasivo impropio en el caso de los trajes por el que fue juzgado Francisco Camps— y de Vicente Rambla —imputado en el caso Gürtel por la financiación irregular del PP valenciano—. También declarará la exconsejera de Cultura Trinidad Miró. A la lista de mañana se ha añadido hoy el nombre de Narciso Michavila, que acudirá asimismo en calidad de testigo.