Los recortes eclipsan el pacto fiscal

 El Parlamento catalán decidirá dentro de 12 días el modelo de financiación que quiere para la Generalitat a partir del año que viene. Evidentemente, esta propuesta será solo una base para que el presidente catalán, Artur Mas,  la traslade al Gobierno central y comience una negociación tan incierta como complicada en el peor momento para la economía. Consciente de estas dificultades, Mas está obsesionado en trasladar a Madrid una supuesta unidad de los políticos catalanes en torno a su propuesta de pacto fiscal. Ayer lo intentó por segunda vez en una reunión con todas las formaciones políticas, que quedó eclipsada por los recortes del Gobierno central. En el encuentro, CiU mantuvo su propuesta de dotar a Cataluña de una financiación similar a la del País Vasco o Navarra, pero introdujo algunos matices para conseguir el apoyo, como mínimo, del Partit dels Socialistes (PSC).

Mas ya tiene consigo la mayoría del Parlamento catalán, pues Esquerra e Iniciativa apoyan su modelo. El Partido Popular rechaza el concierto para Cataluña pero no quiere descolgarse de la negociación. Su estrategia es de la apostar por una abstención que le mantenga en el juego de pactos hasta el último momento. La gran incógnita es el Partit dels Socialistes, que ayer no despejó su postura en la reunión con el presidente y sí se mostró crítico con el hecho que la Generalitat apoye los recortes de Rajoy.

El Gobierno de CiU presentó a los partidos un documento de dos folios donde desgrana, sin nombrarlo, un sistema basado en el concierto económico. La propuesta llama a “negociar y desplegar un modelo propio y bilateral” en el que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos debe corresponder a la Agencia Tributaria Catalana. Esta agencia debe disponer de “plena capacidad y atribuciones para la organización y el ejercicio de las funciones propias de la gestión tributaria”.

CiU se aferra a la idea de la hacienda propia

El documento garantiza la solidaridad interterritorial pero con limitaciones. Concretamente habla de establecer una cuota de retorno al Estado por el coste de las competencias o servicios comunes que afectan a Cataluña y en concepto de cooperación interterritorial. Esta cuota será revisable quinquenalmente, dice. El límite a esta colaboración es que “Cataluña no puede perder capacidad fiscal una vez hecha la contribución a la solidaridad”.

El articulado, de dos folios, constata que los sucesivos sistema de financiación que ha tenido la Generalitat “no han permitido resolver los problemas de fondo de Cataluña” y que el déficit fiscal se mantiene en el 8% del PIB catalán. El documento también insta a iniciar un proceso de negociación entre la Generalitat y el Gobierno central de “un modelo de financiación propio” para Cataluña. Con todo, ya no habla de emular los resultados del concierto económico como sí reflejan las conclusiones que en el Parlament votaron CiU, ERC e ICV.

Como ya ocurrió en la primera reunión de partidos sobre el pacto fiscal, el democristiano Josep Antoni Duran i Lleida fue el encargado de intentar tender puentes con el PSC mostrando una actitud de CiU abierta a negociar con los socialistas. El secretario de la Presidencia, Francesc Homs, hizo lo mismo con Esquerra Republicana, asegurando en este caso que el Gobierno no se ha movido de su propuesta de concierto económico. 

 Los socialistas entrevén alguna posibilidad de acuerdo si bien insistieron como la mayoría de partidos, que ahora lo prioritario es buscar salidas inmediatas a la crisis. “Ahora comienza la verdadera negociación”, dijo su primer secretario, Pere Navarro, que se negó reiteradas veces a valorar el documento. El gran problema para los socialistas es que la propuesta de Mas insiste en que la Generalitat tenga la llave de la caja. Y el PSC quiere compartida con el Estado. El Ejecutivo no cederá: si la comisión de estudio del Parlament habló de que la Agencia catalana debe colaborar con la española en combatir el fraude, el documento rebaja el listón a que las dos agencias “podrán colaborar y establecer convenios”.

El PP se plantea presentar su propio modelo para forzar el debate en el Pleno

El PSC, con serios problemas para convencer al PSOE de que Cataluña necesita una nueva financiación, sí aprecia avances en lo que se refiere a garantizar la solidaridad interterritorial. El Gobierno hablaba hasta ahora de reducir a la mitad la aportación de Cataluña. Y en el documento de ayer ya no aparece ninguna cifra.

Convencido de que la propuesta de Mas es una apuesta pura y dura por el concierto, el PP lamentó que el Ejecutivo quiera solo un contrato de “adhesión”. Tras la reunión, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular, justificó extensamente las medidas draconianas de Rajoy en la “desastrosa” herencia de los socialistas. Y se sacó un as de la manga al avanzar que “se reserva” presentar su propio modelo en el debate en el Parlament. Segun la popular, Mas está en una encrucijada: o forma un frente estéril con Esquerra e Iniciativa o busca el consenso con populares y socialistas para ir a La Moncloa con garantías de éxito.

Los dos partidos pequeños de izquierda comparten su reivindicación de concierto pero realiaron lecturas sensiblemente diferentes. El ecosocialista Joan Herrera instó a todas las fuerzas a luchar de forma prioritaria contra “el pacto social europeo” que está salvando a la banca y condenan a la ciudadanía. El documento tampoco le contentó: dijo que llegaba tarde y era poco ambicioso. Y el republicano Oriol Junqueras desprendió optimismo y avisó que ERC no “traicionará” a la ciudadanía que acaba de sufrir el último batacazo de los recortes para sumar al PSC al consenso. “No vamos a renunciar”, recalcó. Escéptico, Albert Rivera, de Ciutadans, afirmó que el pacto fiscal desprende el mismo aroma del Estatut de 2005, que naufragó en el Constitucional. “Hay un problema de formas y de oportunidad política”, señaló en alusión a la crisis. “Yo no perdería tiempo”, ironizó. “Que vaya Mas a La Moncloa y pregunte a Rajoy si le dará o no el concierto”.