Los hoteleros piden que la subida del IVA se aplique tras el verano

La subida del IVA en dos puntos amenaza con dar la puntilla a un sector turístico valenciano que se declara “al límite” tras los recortes de las campañas de promoción, de plazas subvencionadas por el Imserso y el aumento de los precios del transporte y la energía.

El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, recordó el miércoles que hace dos años tuvieron que asumir el 1% del incremento del IVA porque el Gobierno socialista aprobó la medida en plena campaña de verano. Ahora Mayor pide que el Gobierno retrase la subida después de la campaña estival. “Si lo aplican a partir de octubre o enero nos harán un favor porque estamos alcanzando el límite de rentabilidad”, indicó, tal y como también pidió el portavoz de CiU, Durán i Lleida, a Rajoy en la tribuna del Congreso.

“Hasta que, tras el Consejo de Ministros de mañana el Gobierno no concrete la fecha de entrada en vigor de las medidas, no sabremos el alcance y las consecuencias que tendrá”, añadió.

Mayor, que se confiesa ya “resignado” a que el sector turístico tenga que pagar “una parte de las consecuencias del desmadre banquero, inmobiliario y político de los últimos años”, aseguró que “llueve sobre mojado” porque les han recortado “un 30% en promoción, las plazas del Imserso y después de subir la energía, el IBI y el resto de tasas e impuestos, con esta subida “parece como si pretendieran que un enfermo corra una maratón”.

El PP pedía hasta ahora el IVA súper reducido para el sector turístico

El lobby hotelero Exceltur puso cifras a la subida del IVA anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según sus estimaciones, si se materializa un incremento del 8% al 10% —en realidad, una subida del 25% del gravamen— de este impuesto indirecto, el sector turístico español registrará una caída de ingresos anuales de 2.010 millones de euros, lo que equivale al 1% de la actividad.

El aumento del IVA también supondría, según Exceltur, la perdida de 18.730 empleos directos, a los que habría que añadir los inducidos en sectores auxiliares que también podrían verse afectados. La extrapolación para la Comunidad Valenciana, que supone casi el 10% del total español, implica que la facturación turística puede caer en 200 millones de euros y cerca de 2.000 trabajadores podrían perder su empleo en el sector.

Paradójicamente, la semana que viene hará dos años que el Senado aprobó una moción del PP para pedir al Gobierno que aplicara a las actividades turísticas el IVA súper reducido del 4%. Cuatro meses antes, los populares ya habían forzado en la Cámara Alta una votación, que también ganaron, instando al Gobierno de Zapatero a adoptar las mismas medidas y contra la subida del IVA desde el 1 de julio de 2010, que para el turismo supuso pasar del 7 al 8%.

El secretario general de la patronal autonómica Cierval, Salvador Navarro, calificó la subida del IVA del 18% al 21% y del 8% al 10% en el tipo reducido de “lamentable pero necesaria”.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, advirtió de que la subida del IVA anunciada por Rajoy “se ha hecho en plena campaña turística lo que aún es peor para las expectativas de la Comunidad Valenciana de cara al verano”.

Otros sectores como el comercio y los agricultores también se quejaron de la subida de un impuesto que lastrará su actividad. En el sector del comercio, el presidente de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), Pedro Reig, explicó que la subida anunciada por Rajoy es “el golpe definitivo” a un sector que arrastra 23 meses de caída en las ventas.

La Unió de Llauradors argumentó que la subida del IVA “representará un sobrecoste anual de más de 19,5 millones de euros para los agricultores y ganaderos valencianos”. La Unió expresó su temor a que las grandes empresas de distribución, que son las que fijan las cotizaciones, para no trasladar el IVA a los consumidores, hagan recaer el impacto de la subida sobre los agricultores con precios a la baja.

Amplio rechazo a la pérdida de ediles

JOAQUÍN FERRANDIS / NEUS CABALLER

El anuncio de Mariano Rajoy de que se reducirá un 30% el número de concejales de los ayuntamientos, se centralizarán servicios municipales y se reforzarán las diputaciones a la vez que desaparecerán algunas corporaciones locales para ahorrar 3.500 millones de euros levantó un amplio rechazo. No solo entre los partidos de oposición, sino también en el seno del propio Partido Popular.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, lamentó que el “grueso del sacrificio” se le exija a la Administración local y reclamó que el reparto sea más equitativo. “El sacrificio que se le exige al mundo local, probablemente hay que hacerlo, yo no digo que no, pero me parece que no ha sido enunciado con la misma intensidad el sacrificio a otras Administraciones”, recalcó.

El alcalde de Moncada y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, también se pronunció: “Si realmente reducir el número de concejales y que se nos bajen los sueldos ayuda, lo haremos; pero me ha hecho mucha gracia escuchar los aplausos de los diputados del Congreso cuando se ha anunciado la reforma. Veremos si aplauden tanto cuando lo que se reduzca sea el número de diputados o sus sueldos”.

En la oposición, el rechazo fue total. José Manuel Orengo, vicesecretario de Relaciones Institucionales de los socialistas valencianos, criticó lo que considera un recorte de competencias a los ayuntamientos. “Reducir las competencias de los alcaldes para resolver los problemas de los ciudadanos desde la proximidad que da el poder municipal es como una patada en el culo a la democracia y al municipalismo”, aseguró. El portavoz del PSPV afirmó: “Desde el PSOE vamos a pedir a la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias que no se entregue a las directrices del PP, porque hay alcaldes muy molestos con el recorte propuesto del 30% de concejales, muchos de ellos de pueblos pequeños que no cobran. ¿Dónde está el ahorro?”.

En este contexto, Orengo adelantó que los socialistas buscarán un gran acuerdo estatal con CiU, Izquierda Unida y el resto de fuerzas políticas para impedir este recorte competencial. El portavoz socialista no descartó la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional por vulneración de la autonomía municipal.

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, advirtió que la reducción del 30% de los concejales “no es una medida de ahorro económico, sino totalmente ideológica, con la clara finalidad de blindar el bipartidismo ideológico”.

“Mantener la actual ley electoral con la anunciada reducción de ediles supondrá la muerte de la pluralidad política con la reducción y en muchos casos desaparición de las formaciones minoritarias en los Consistorios”, remachó Morera, que lamentó que Rajoy apueste por entidades administrativas anacrónicas como las diputaciones.