Crespo avaló el sueldo de Amorós por miedo a ser tildado de sexista

Modesto Crespo, expresidente del consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM), reconoció ayer al juez que cobraba 300.000 euros anuales por el desempeño del cargo, pese a que, según él, no tenía competencias ejecutivas y que su papel era meramente de representación. El último presidente de la caja alegó que autorizó el sueldo de la exdirectora general María Dolotes Amorós por miedo a ser “tildado de sexista”.

Crespo compareció en la mañana de ayer, por espacio de una hora, ante el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. El juez le imputa a Crespo supuestos delitos societarios, estafa y alteración del precio de las cosas vinculados a las irregularidades en la gestión de la caja que abocaron al Banco de España a su intervención hace un año y a su venta al Banco de Sabadell el pasado diciembre.

Crespo es uno de los cinco exaltos cargos de la extinta caja alicantina a los que el magistrado está tomando declaración esta semana. El martes declararon Vicente Soriano, exdirector general de recursos, y Teófilo Sogorb, exdirector de planificación.

Modesto Crespo llegó a la presidencia del consejo de la CAM en junio de 2009. Y fue el primero en cobrar por el cargo, 300.000 euros anuales, a través de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El informe de los inspectores del Banco de España se hace eco de esa dato y subraya que el anterior representante de la CAM en esa mercantil no percibía retribución alguna. El Banco de España también le acusa de pactar, a espaldas de los órganos de control, la pensión vitalicia para la exdirectora general María Dolores Amorós de 369.000 euros y un sueldo de 590.000 euros.

Respecto al sueldo y pensión de Amorós, el expresidente de la caja aseguró al magistrado que no puso ningún reparo por miedo a ser “tildado de sexista”, según han asegurado fuentes de la acusación particular que ejercer la Plataforma CAM (colectivo que integra a los afectados por las cuotas preferentes y participativas).

Crespo, siempre según esas fuentes, insistió en que su papel en la entidad era “institucional y de representación”, como visitas al obispo o al expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Crespo responsabilizó de las decisiones ejecutivas al comité directivo, que encabezaban los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós. Sin embargo, la Ley Cajas Valencianas sí incluye competencias ejecutivas al presidente de estas entidades, entre ellas, las retribuciones del equipo directivo.

El empresario ilicitano también negó al juez que la entidad hubiera concedido préstamos a interés cero a los directivos y miembros del consejo de administración de la caja. Esta afirmación de Crespo contrasta con los datos oficiales de la extinta caja que reflejan que entre 2004 y 2010 los consejeros de la CAM se autoconcedieron créditos por 161 millones de euros, en algunos casos a interés cero y en otros por debajo de los precios de mercado de la época. En concreto la caja autorizó a Crespo un préstamo de 5 millones al 2,5% cando el tipo medio que ofrecía la caja era del 7%.

Este tipo de operaciones siempre requería el visto bueno de la Generalitat Valenciana, que, además, tenía funciones supervisoras en la caja a través del Instituto Valenciano de Finanzas.

Crespo escaló en la última década desde su negocio de automoción hasta la cúspide empresarial y financiera de Alicante. Crespo labró su ascenso con el apoyo del exlíder de los populares valencianos Francisco Camps. El viernes 21 de julio de 2011 cuando comunicó al consejo, en una improvisada reunión, la intervención del Banco de España rompió la última lanza en favor de su protector. "Yo siempre defenderé a Camps", dijo.

El abogado Diego Ramón, que representa la acusación de la Plataforma CAM presentó ante el juez un escrito el que solicita prisión con una fianza de 12 millones de euros para los cinco exdirectivos. Gómez Bermúdez retomará los interrrogatorios a los imputados por la caída de la CAM mañana, viernes, cuando está citada la exdirectora general María Dolores Amorós. La comparecencia Roberto López Abad se ha aplazado al próximo día 19.