El juez Santiago Vidal rechaza que el Gobierno conceda indultos a corruptos

El magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal ha denunciado este miércoles que el Gobierno conceda indultos sin ninguna motivación y que los beneficiados por la medida de gracia sean, en muchos casos, personajes públicos condenados en casos de corrupción. Vidal considera que el indulto es "una intromisión legal, pero ilegítima", del poder ejecutivo en el judicial. "Si Montesquieu levantase la cabeza...", ha ironizado el magistrado en unas jornadas sobre ética y lucha contra la corrupción organizadas por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

"Cuando una persona es condenada con todas las garantías y luego esa condena es validada incluso por el Tribunal Supremo, no entiendo que el Consejo de Ministros conceda un indulto", ha explicado Vidal, que ha pedido, si no la supresión, sí al menos una reforma de la antiquísima (data de 1870) ley de indulto. El magistrado pretende que, por lo menos, los decretos del Ejecutivo que dejan sin efecto resoluciones judiciales "expliquen por qué creen que esa persona merece el indulto", algo que ahora no ocurre.

El pasado mes de marzo, el Gobierno indultó a Josep Maria Servitje, ex secretario general de Trabajo en los Gobiernos de Jordi Pujol, que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos en el caso Trabajo. Gracias al indulto, Servitje, militante de Unió Democràtica, solo ha tenido que abonar una multa de 3.600 euros. Este mismo año, por citar otro ejemplo, también se ha concedido el indulto a cuatro mossos condenados por torturar a un detenido. Como el indulto solo era parcial y rebajaba la pena hasta dos años de cárcel, la Audiencia de Barcelona ha decidido que, igualmente, entren en prisión. Pero los policías han solicitado que les sea concedida una segunda medida de gracia.

"Casualmente, es en los delitos de corrupción donde los Gobiernos, sean del color que sean, conceden más indultos", ha subrayado Vidal, que ha dicho sentirse "decepcionado" ante unas decisiones que "vulneran el principio de igualdad".