El anterior director de Trabajo recusa por retrasos en el caso a la juez Alaya
Daniel Rivera denuncia un interés "directo o indirecto" de la magistrada en la causa
Daniel Rivera, director general de Trabajo en la Junta hasta hace un mes, ha recusado a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, porque esta no ha resuelto aún el recurso que el ex alto cargo planteó contra su imputación hace casi cinco meses. La declaración de Rivera como imputado estaba prevista para esta mañana, pero es posible que sea suspendida hasta que el incidente de recusación sea resuelto.
“Tal situación evidencia la infracción de los derechos de presunción de inocencia, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho a un proceso con todas las garantías constitucionales, toda vez que han transcurrido casi cinco meses sin obtener respuesta judicial alguna”, denuncia Rivera en su escrito, presentado ayer ante Alaya.
El ex director general protesta porque al no haber resuelto su recurso, Alaya evitó que la Audiencia se pudiera pronunciar sobre su acusación. Rivera subraya que a pesar de que un retraso “más o menos aceptable” puede ser admisible dada la carga de trabajo de los juzgados, Alaya “está dedicada casi en exclusiva” al caso de los ERE. Además, el acusado recuerda como antecedente la condena al juez Ferrín Calamita por el retraso indebido en resolver la adopción de una pareja homosexual.
El alto cargo, acusado por Alaya de prorrogar los pagos a empresas iniciados por sus antecesores, censura que la juez haya aceptado la documentación que aportó su antigua subordinada en la Consejería de Empleo, la técnica imputada María José Rofa. “Documentación presuntamente extraída ilícitamente de los correspondientes expedientes” de la Junta, lo que contraviene la ley. Por todo ello, Rivera argumenta que puede “deducirse algún interés directo o indirecto por parte de la Sra. Magistrada en la presente causa”.
Esta es la tercera recusación contra Alaya. En la primera el motivo fue que su marido había auditado Mercasevilla y ello podía perjudicar su debida imparcialidad al instruir la causa. A esta recusación se sumó la fiscalía, pero finalmente la Audiencia de Sevilla la rechazó. A continuación, el empresario Luis Oliver, imputado en la investigación por la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis, recusó a Alaya pero el instructor rechazó el incidente por no presentarlo en los plazos previstos.
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