15 peones sin formación excavan un castro para la Diputación de Pontevedra

En la excavación del yacimiento de Monte do Castro, en Ribadumia, que promueve la Diputación de Pontevedra desde el pasado año, “está trabajando gente que no tiene ni formación ni experiencia, que no tiene nada que ver con la arqueología”, según denuncian la CIG y una asamblea de trabajadores del sector que acaba de constituirse. De los 20 efectivos que conforman el personal, hasta 15 no tienen experiencia previa en la materia. Tampoco se cumple, apuntan, la ratio de oficiales por técnico que establece el convenio colectivo, lo que además fecta directamente a la calidad de los trabajos realizados.

Fuentes de la CIG apuntan que estos 15 peones son naturales de este ayuntamiento, del que el presidente provincial, Rafael Louzán es edil y donde comenzó su andarura política. El sindicato no tiene conocimiento de que se contratasen a través de convocatoria pública. Consultada por este diario, la diputación no lo desmiente. Un portavoz asegura que para reclutar al personal de este yacimiento se acudió a un programa de inserción laboral para formar personal en excavaciones “para que trabajasen bajo la dirección y supervisión de personal técnico cualificado”. Arguye que este programa “es el mismo (literalmente) que tiene vigente la Junta de Andalucía”. Y añade que el presidente provincial se comprometió a reunirse con los trabajadores en los próximos días para abordar la cuestión.

La CIG y la asamblea de trabajadores lamentan que la crisis general esté abocando al sector a la precariedad y a la “pérdida irreversible de profesionales”. Consideran que esta situación tiene su correlato en una merma en la calidad de las actuaciones arqueológicas, y auguran que tendrá consecuencias directas sobre la “correcta preservación” del patrimonio.

Además, la CIG y la asamblea de trabajadores del sector también censuran el último proceso selectivo para la contratación de arqueólogos. Según los denunciantes, la institución contrató a la pareja sentimental de su arqueólogo, Rafael Rodríguez, quien formó parte de la comisión encargada de seleccionar a los aspirantes a las tres plazas ofertadas para sendos contratos temporales por seis meses. A juicio de la CIG, este vínculo personal debería haber implicado la inhibición de Rodríguez.

“Los puestos ya estaban decididos de antemano”, exponen fuentes del sindicato nacionalista, que acusan al ente provincial de “utilizar" a los candidatos que se presentaron para “dar legalidad a un proceso amañado”. La selección se hizo, señala la diputación en un escrito de respuesta a las quejas de varios aspirantes excluidos, conforme a los principios de “mérito y capacidad” mediante una entrevista personal realizada por los tres miembros del tribunal. Los denunciantes también señalan que se incumplió el convenio sectorial de arqueología, pero la institución dirigida por Louzán aduce que sus contrataciones se rigen por su propio convenio colectivo.

Aunque la diputación afirma en ese texto que presentó la correspondiente oferta de empleo en el Inem, la CIG niega que hubiese convocatoria pública ni anuncio a través de los servicios de empleo. Simplemente, señala el sindicato, el organismo provincial contactó con la oficina de Pontevedra para solicitar información sobre arqueólogos en paro en la provincia y llamó directamente a un puñado de personas que daban el perfil para que acudiesen a la prueba.

Además, estos candidatos también solicitaron las baremaciones y puntuaciones que les otorgó el tribunal, pero en la contestación de la diputación se omite esa información; solo se indica que los aspirantes son declarados aptos o no aptos. “El mérito y la capacidad se aprecian a través de la experiencia en el desempeño del puesto, conocimientos relacionados, cualificación personal y demás aptitudes”, es todo lo que llega a precisar.