Pacto fiscal o intimidación

La respuesta ideada por CiU en 2010 a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía fue concentrar toda la capacidad de movilización del nacionalismo catalán sobre uno de los aspectos esenciales del autogobierno, la financiación. La intensa campaña de agitación lanzada entonces por CiU bajo el lema del concierto económico, convertida luego en programa de su Gobierno, llega esta semana al Parlament, en un debate en el que el presidente Artur Mas intenta conseguir que la secunden los demás partidos. Pretende, simplemente, que le apoyen para poder presentarse con su propuesta ante el Gobierno de España como abanderado de toda Cataluña, no solo de un Gobierno nacionalista.

La apuesta inicial de CiU en favor de un concierto económico pactado entre la Generalitat y el Gobierno de España, al estilo del que disfrutan Navarra y el País Vasco, se transformó pronto en la reclamación de un pacto fiscal, con un contenido más bien difuso. CiU llama pacto fiscal a que el Gobierno de España acceda a su reclamación de que la hacienda de la Generalitat asuma todas las funciones de la hacienda estatal y la nueva fórmula se regule fuera del régimen común de financiación de las comunidades autónomas, el configurado por la LOFCA.

Podría parecer que un objetivo tan trascendental como la mejora de la financiación de la Generalitat debería ser compartido por todos los partidos catalanes y, dada la importancia del asunto, la lógica más elemental aconseja que esta corresponsabilidad debiera surgir de la participación conjunta en la elaboración de la propuesta. Pero no ha sido así. Al revés. Desde el primer momento, la campaña de CiU tuvo un carácter intimidatorio para los demás partidos.

CiU había confiado en obtener en las Cortes una posición de bisagra que le otorgara fuerza para negociar con el futuro Gobierno de España

Quienes no se suman a ella son acusados de estar en contra de Cataluña. Los nacionalistas lo han dicho una y mil veces desde el otoño de 2010, y lo han amplificado hasta la saciedad la radiotelevisión de la Generalitat y la prensa afín a los nacionalistas. En conjunto, son muchos decibelios. Pero, por si alguien se hubiera despistado, lo reiteró el pasado fin de semana con todas sus letras el secretario de organización de Convergència, Josep Rull, dirigiéndose al segundo partido catalán, el PSC, que se resiste a ponerse en fila detrás de Artur Mas. Los socialistas catalanes han de resolver, dijo, “si están con Cataluña o con el PSOE”. Rull da por supuesto que el PSOE está en contra de Cataluña, claro está.

El cálculo que CiU pudiera haber hecho en 2010 y principios de 2011 acerca de la posibilidad real de sacar a Cataluña del régimen común de financiación autonómica se vino estrepitosamente abajo cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta de las Cortes en noviembre de 2011. CiU había confiado en obtener en las Cortes una posición de bisagra que le otorgara fuerza para negociar con el futuro Gobierno de España. Ni que decir tiene que sacar a Cataluña de la LOFCA no figura en la agenda recentralizadora que tan entusiásticamente aplica el Gobierno del PP.

Pero cuando la mayoría absoluta del PP rompió este ensueño, CiU no renunció a su campaña. Hizo lo contrario, elevó el tono y acentuó el carácter rupturista de su propuesta. Artur Mas amenazó con crear una agencia tributaria que cobraría todos los impuestos, los catalanes y los estatales. Aquel corajudo anuncio ha sido poco a poco dejado de lado, es de suponer que para evitar seguir haciendo el ridículo. Pero tuvo la virtud de situar las cosas en su justa perspectiva, que no es otra que la del agit-prop.

Como dejó escrito en otoño de 2010 el actual portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, en el libro en que trata de este asunto, CiU concibe el concierto económico como una estación en el trayecto hacia la independencia. El previsible rechazo con que tropezará en Madrid será convertido por los nacionalistas en carbón para alimentar la locomotora de la independencia. De momento CiU se las ha arreglado para mantener esta campaña durante más de dos años, de forma que llegará hasta 2013, momento en que corresponde llevar a cabo la revisión quinquenal del vigente sistema de financiación autonómica. Y, mientras tanto, ha sentenciado que quien no le apoye está contra Cataluña.