Así conseguía Ortiz suelo urbanizable

Decenas de conversaciones telefónicas, múltiples reuniones y varios planos demostrarían la supuesta connivencia del constructor Enrique Ortiz y los alcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi para diseñar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que saciara los intereses del promotor.

El juez instructor de la pieza separada del caso Brugal, Manrique Tejada, en el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), en el que pide la imputación de Castedo y Alperi a los que atribuye tres delitos (cohecho, trafico de influencias y uso privilegiado de información), dedica casi la mitad de las 100 páginas del informe a esos supuestos pelotazos. El objetivo de Ortiz sería acaparar el mayor volumen de metros de suelo posible no urbanizable para poder reclasificarlo, y construir, o bien tener terrenos en parques para negociar, y adscribirlos a zonas urbanizables.

El juez incide que el suelo donde Ortiz logró compensaciones por tener terreno en parques naturales, como en las Torres de la Huerta, era suelo urbanizable que está junto a urbano cercano a la línea de costa, y con un potencial valor inmobiliario.

En una de las conversaciones grabadas por la policía Ortiz habla con uno de sus colaboradores al que le informa de su capacidad de decisión a la hora de alterar los proyectos:

Ortiz: Si te pregunta alguien su tienes el plano, dices que no.

Llorens: Ya lo sé.

Ortiz: Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran, todos, incluso los de Cerámica, La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul..., de lo que tú me digas para que nos den aprovechamiento en otro lado.

Ortiz: “Puedo hacer que los pinten de verde, de azul, para que nos den más”

El juez destaca el contenido de esta conversación porque manifiesta que Enrique Ortiz “está en disposición de influir para determinar la clasificación de un suelo de manera que pueda beneficiarle”. Otro episodio en el que se detiene el magistrado en su informe son las múltiples gestiones realizadas en el proyecto de remodelación o rehabilitación del Estadio Rico Pérez. Unas negociaciones que arrancaron en mayo de 2008 y concluyeron en noviembre de 2011 con el supuesto beneficio para el promotor de la obtención de suelo urbanizable junto al campo de fútbol.

El juez recuerda la adjudicación del 16 de abril de 2007 del estadio de fútbol a la mercantil Aligestión, SL, participada por Enrique Ortiz, por 7,8 millones de euros con la obligación de invertir en reparación y acondicionamiento 4.275.000 euros. Además, el informe del magistrado destaca una reunión en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento entre Ortiz, Castedo y Jesús Quesada, redactor del PGOU, que también está imputado. En esta cita, según el informe, la alcaldesa “comunica a Ortiz que se han atendido a sus pretensiones” sobre el estadio.

En la documentación que se remite al TSJ se incorporan sendos planos. En uno de ellos la clasificación del suelo donde se ubica el estadio, en el documento del concierto previo, es protegido, y el suelo de la calle de Ceres, ubicada al noroeste del estadio, era urbanizable. Y un segundo plano, que presentó el anterior equipo redactor del PGOU en diciembre de 2004, el suelo del estadio de fútbol tiene la clasificación de red primaria para equipamiento deportivo, y la calle de Ceres para equipamiento de servicio urbano.

Sin embargo, el 1 de julio de 2008 el redactor del plan, Jesús Quesada, entrega para su exposición pública la revisión del PGOU, en la que la parcela del Rico Pérez figura como suelo urbano con una calificación de terciario-industrial, cuyo objetivo es crear un área comercial, de 45.000 metros, y mejorar el campo de fútbol.

Ortiz advirtió al redactor del plan general que era amigo de Castedo y Díaz Alperi

El juez en su escrito considera que la “actuación del imputado (Ortiz) pretende obtener aprovechamiento urbanístico en zonas susceptibles de ser clasificadas como Parques Naturales, concretamente en Fontcalent, donde las sociedades mercantiles en las que participa tienen suelo en propiedad y gestionan adquirir más”. En la revisión del PGOU aprobada la calle de Ceres figura como “suelo residencial, y excluyendo el estadio, como zona destinada a edificaciones en manzana cerrada”.

Por todo ello, el magistrado concluye que “existen indicios derivados del contenido de las conversaciones y documentación” de que en el 2004 el anterior equipo catalogó esa parcela dentro de la red primaria de equipamientos y “tras las reuniones y conversaciones” se pasó a tener la clasificación de suelo terciario-dotacional, y la calle de Ceres pasó a residencial.

El juez sospecha que Enrique Ortiz pretendía “obtener el mayor número de metros posibles en la zona de Fontcalent, del mayor coeficiente de ponderación posible, y de la adscripción de dicho suelo protegido a la zona de suelo urbanizable que más conviene a los intereses del imputado para obtener beneficio, así como a la clasificación del suelo de su propiedad como urbanizable”.

Las gestiones del promotor para conseguir el mayor rédito posible a sus inversiones fueron múltiples, y el juez destaca como Ortiz al redactor del PGOU, Jesús Quesada, le advirtió de “ser amigo” de Castedo y Alperi.

No obstante, el magistrado en sus conclusiones finales admite que el posible delito de aprovechamiento de información privilegiada del Enrique Ortiz con obtención de beneficios “sólo podrá consumarse una vez se ejecute el planeamiento del desarrollo a resultas de la revisión del PGOU aprobado definitivamente en el sector concreto que ha sido objeto de la investigación”. Un plan que, por ahora, está paralizado.