El Consell pone las ayudas por los incendios en manos de los alcaldes

Las ayudas a los afectados por los incendios forestales declarados los días 28 y 29 de junio en Cortés de Pallás y en Andilla, que devastaron cerca de 50.000 hectáreas, serán canalizadas a través de los ayuntamientos. El Consell aprobó este viernes el decreto que prevé “un nuevo procedimiento” para evitar retrasos e impagos como los registrados en otros siniestros. El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, hizo hincapié, tras el pleno del Gobierno valenciano, en que las ayudas se canalizarán “directamente a los ayuntamientos mediante un procedimiento urgente y muy simplificado”.

De esta manera, los alcaldes serán los responsables de distribuir las ayudas a los afectados de acuerdo con unos baremos que se pretenden muy operativos. Las cantidades otorgadas se entregarán “sin perjuicio de su justificación posterior”.

El decreto prevé ayudas de hasta 13.500 y 10.500 euros, respectivamente, para quienes hayan perdido la vivienda habitual o la segunda residencia, “siempre que se trate de viviendas legales”, puntualizó Ciscar en referencia a la normativa urbanística. También habrá ayudas por daños estructurales (de hasta 11.500 y 10.000 euros en función de que sea vivienda habitual o segunda residencia); daños en equipamiento doméstico (3.500 y 2.000); vehículos afectados por el fuego (con un límite de 4.000 euros); instalaciones de pequeñas empresas o negocios de autónomos (hasta 12.000 euros); establecimientos turísticos (hasta 500 euros por plaza de alojamiento), y explotaciones agrícolas, ganaderas y avícolas (hasta 12.000 euros).

Las ayudas del Consell parten de “una dotación de tesorería”, como la describió el vicepresidente, de nueve millones de euros, pero tendrán que ampliarse si las reclamaciones superan esa cifra. “Lo sabremos cuando los afectados vayan presentando las solicitudes”, señaló Ciscar.

Se trata de ayudas complementarias de las que pueda acordar el Gobierno de España y se centran en paliar los daños en bienes particulares porque las diputaciones provinciales se han hecho cargo de la reparación de instalaciones y bienes públicos.

Este viernes, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, pidió que las ayudas “sean de verdad, rápidas y eficaces” porque no es momento de palabras sino de hechos.

Por otra parte, el Consell aprobó también en su reunión varios nombramientos. Jacobo Navarro de Peralta, que hasta ahora era director general de Análisis y Políticas Públicas, fue designado director de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), a cuyo frente fue destituido hace unas semanas Mariano Vivancos. María Barrios Hermida es la nueva directora general de Participación Ciudadana, en sustitución de Rubén Cortés Mir, que asume la dirección general de Análisis y Políticas Públicas.

El nombramiento con más enjundia política, sin embargo, es el de José Manuel Santamans Caballero, que releva a Cristina Albamonte como director general de Relaciones Informativas. Santamans era responsable de prensa de Ciscar, con lo que el vicepresidente coloca a una persona de su confianza como número dos de la política informativa de la Generalitat.