Solo el 4% de los edificios antiguos pasa la revisión obligatoria

Una persona resultó herida leve al derrumbarse durante la madrugada del jueves una casa de la la calle de Cavallers de Tarragona, en pleno casco antiguo de la ciudad. Los bomberos recibieron el aviso el aviso a las 4.42 de la madrugada, tras ser alertados por unos transeúntes de que la vía estaba cubierta por una densa nube de polvo y cascotes. La casa se hundió tan solo 24 horas después de dejar de estar habitada. En la vivienda residía un descendiente de la familia Castellarnau, de origen noble. El inquilino, un hombre de 41 años, fue enterrado el miércoles tras permanecer sin vida unos días en la casa sin que nadie se hubiese percatado de ello. El hundimiento obligó a desalojar a 12 vecinos preventivamente.

El de Tarragona no es un caso aislado. El martes se hundió otro edifico en el casco antiguo de Lleida, con el resultado de dos personas heridas leves. En ambos casos no se han lamentado víctimas mortales, pero estos accidentes ponen de relieve el mal estado de conservación de numerosas viviendas ubicadas en los núcleos históricos de las poblaciones.

Los aparejadores alertan de la falta de mantenimiento del parque residencial con un ejemplo clamoroso: de los 49.000 edificios construidos antes de 1930 que a finales de este año tienen que haber pasado la ITE (inspección técnica de edificios), solo lo han hecho 1.058: el 2,1%. Los aparejadores calculan que los arquitectos, que también hacen estas revisiones, acumulan un número parecido. En total, apenas el 4,2% de los edificios que tienen la obligación de ser inspeccionados. “Luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando hay un hundimiento”, alerta el vicepresidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, Antoni Floriach.

Inspeccionar un inmueble cuesta unos 1.000 euros

El decreto de la ITE establece la obligatoriedad de que los edificios pasen una inspección periódica, como los coches. Pero no fija multas. Floriach atribuye la falta de inspecciones a varias causas: “La Administración no ha hecho suficiente difusión y a las comunidades les da miedo pasarla, por si los técnicos ven que hay que rehabilitar y gastar".

La ITE de un edificio de 20 vecinos cuesta unos 1.000 euros y analiza el edificio de arriba abajo: estructura, fachada, cubierta, instalaciones e interior de las viviendas. “Curiosamente, lo que mejor está suele ser la instalación de gas y la de los ascensores, porque pasan inspecciones obligatorias”, explica Floriach. El vicepresidente lamenta que la gente “crea que los edificios son eternos”. “La gente tiene muy claro que debe tener un médico de cabecera, pero no ve que también necesita un técnico de cabecera”, dice.

El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, recuerda que la Administración “ha intentado estimular" las ITE con una campaña informativa. Todavía hay tiempo, dice, pero reconoce que es dudoso que se puedan inspeccionar los 49.000 edificios antes del 31 de diciembre. Sala asegura que Vivienda trabaja en la modificación del decreto. La Generalitat quiere estar al corriente de qué edificios que han pasado la inspección (ahora los técnicos solo están obligados a comunicar los casos más graves) y fijar un régimen sancionador.

La casa hundida en Tarragona estaba catalogada como Bien Cultural de Interés Local, por lo que se tratará de reconstruirla. La fachada estaba datada entre los siglos XVII y XVIII, y su interior se remontaba al siglo XIV. Las casas situadas en los números 9 y 13 también resultaron dañadas y tendrán que derrumbarse. Los tres inmuebles son de los mismos dueños, entre los que se encuentra un exregidor de CiU.

El Ayuntamiento acudirá si hace falta a la vía penal para pedirles responsabilidades por los daños y las alteraciones causadas. Según el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), en 2008 la vivienda se incluyó en un inventario sobre edificios en mal estado. Durante el inventario se inspeccionaron desde el exterior 911 inmuebles del casco antiguo y se detectaron 150 edificios en mal estado. Unas 80 casas se acogieron a ayudas. En la parte alta de la ciudad se han producido cinco derrumbes en los últimos 15 años.

El Ayuntamiento de Lleida, por su parte, inició ayer los trabajos de derribo de dos edificios colindantes del que se hundió el martes en el casco antiguo. Los tres son del mismo dueño, Isidre M., contra quien el Consistorio se ha querellado por imprudencia grave con resultado de lesiones y daños, informa Lluís Visa.

Lleida ha intentado combatir el problema con programas de rehabilitación integral y con inversiones millonarias de la Ley de Barrios de la Generalitat, que no han dado los frutos deseados. En los últimos años, el Consistorio ha realizado alrededor de 400 inspecciones y ha decretado el estado de ruina de un centenar de edificios, pero no siempre los propietarios cumplen las órdenes de reparación.

En el barrio viejo de Girona no hay ningún edificio en peligro de derrumbe, aunque sí inmuebles deteriorados, según el Ayuntamiento. El Consistorio elaborará un plan que refleje la situación real de los edificios. En todo caso, los peligros no se concentran en este barrio. “Hay edificios a medio construir o muy antiguos que sí son un problema”, explica Carles Ribas, concejal de Urbanismo. Sobre todo, es el caso de edificios abandonados cuyos propietarios no cuidan su mantenimiento, informa Antía Castedo.

El Ayuntamiento efectuó hace unos meses el derribo de un edificio abandonado en el centro de la ciudad tras pedir una autorización judicial, ya que el propietario no respondía a los requerimientos que se le habían hecho en los últimos años. Los propietarios se negaron a asegurar el edificio, un antiguo bingo, que se encontraba en situación ruinosa y representaba un peligro para los viandantes.

El Ayuntamiento de Barcelona adelanta el Plan Dintres, con el que busca intervenir en las 73 fincas más degradadas del distrito de Ciutat Vella. Según datos del Consistorio, el 68,3% de las fincas del centro histórico (unas 4.318) fueron construidas antes de 1901. Todas presentan problemas en las vigas e instalaciones en mal estado. Este plan es heredero de una intervención realizada por el anterior Gobierno, socialista, informa Camilo S. Baquero.

Mediante Dintres, el distrito exigirá a los dueños de las casas que realicen las obras de rehabilitación. Una vez notificado, el dueño tiene un mes para presentar el proyecto y no tiene necesidad de solicitar la licencia de obras. Si no lo hace, lo hará el Consistorio de forma subsidiaria y el dueño se enfrentará a multas que pueden llegar al 90% del valor de las obras. En los últimos 20 años, el Consistorio ha destinado 63 millones de euros a rehabilitación.