“Yo no tenía que analizar expedientes, para eso están los técnicos”

Por encima de los cuatro delitos continuados que le imputa la juez Mercedes Alaya al ex director general de Trabajo Juan Márquez, su extensa declaración judicial denota un desprecio a la legalidad y una alarmante falta de diligencia en un ex alto cargo del Gobierno andaluz. Márquez dio la impresión de desconocer las más elementales normas de procedimiento para conceder 154 millones en ayudas durante sus dos años de gestión (2008-2010). Márquez transmitió una aparente serenidad al relatar detalles escandalosos como la destrucción de expedientes en la Consejería: “Se tiraron tabiques, se desplazaron mesas y armarios (...) los expedientes más antiguos se trasladaron a los servicios centrales y algunos todavía más antiguos se destruían”.

En solo dos años, Márquez ignoró tres investigaciones tras las que pudo haber frenado el sistema con “ausencia de control”: la primera en abril de 2009 pedida por la Agencia Tributaria para analizar las empresas ficticias del chófer de Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo (ambos encarcelados); la segunda elaborada por la firma Price-Waterhouse Coopers sobre las empresas de los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, que “carecían de trabajadores y de actividad” pero seguían cobrando subvenciones millonarias; y finalmente un tercer informe elaborado por el bufete Garrigues, que indicaba que Márquez no era competente para dar las ayudas y que la normativa comunitaria estaba siendo incumplida, entre otras irregularidades.

Pero sobre todo la juez le achaca haber conocido que varios intrusos percibieron pólizas ilegales, y no hacer nada: “No ordenó que se paralizaran los pagos, ni el reintegro de las cantidades ilegítimamente percibidas como era su obligación presuntamente, ni tampoco cumplió con su deber de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial ante la apariencia de los mismos de infracción criminal”.

La negligencia de Márquez llegó a extremos increíbles. El ex director general concedió 450.000 euros a la empresa Pack Sur, pese a que el empresario en persona avanzó que el dinero serviría para “salvar los patrimonios personales de los socios, presentar concurso de acreedores y cerrar” y esto se reflejó en un informe interno de Empleo. Nada de creación de riqueza ni mantenimiento de puestos de trabajo. El dinero público viajó directamente a los bolsillos de los socios de esta empresa jerezana, hoy en suspensión de pagos.

Márquez ejerció como ex director general, pese a que solo contaba con el Bachiller y carecía de estudios superiores. Conceptos como transferencias de financiación le superaban: “Nadie me explicó su uso. Me he enterado de la existencia de las transferencias de financiación a raíz de este proceso judicial”. ¿Mentía el imputado o realmente pudo gestionar su departamento sin conocer el instrumento de pago que utilizaba? “Soy un político, no soy ningún gestor administrativo”, replicó cuando se evidenció la nula fiscalización previa del gasto en cada subvención. “Mi cometido no era analizar los expedientes, para eso están los técnicos. Yo confiaba”, alegó.

Márquez abundó en su claro desprecio por la ley cuando después de haber encargado el informe de Garrigues para identificar las irregularidades, comentó: “No he leído el informe en ninguna de sus versiones, porque no tengo tiempo para leer un documento de 200 páginas”. La magistrada le replicó que el informe se lee en media hora, y este le contestó que él necesitaría un año. Ni siquiera leyó un informe ejecutivo que le preparó su asesora. “Desconocía la normativa europea (...) A lo mejor no fui todo lo diligente que debí haber sido”, reconoció en otro momento.

La juez Alaya le formuló ciertas preguntas en ocasiones cinco y hasta diez veces, según refleja el acta del secretario.