Sanidade asume el coste de mantener 25 ambulatorios
Los municipios lo pagaban pese a que dependen de la Xunta
Los centros de salud de 23 pequeños ayuntamientos dependen desde el pasado domingo del Servicio Galego de Saúde (Sergas), que pagará los costes de mantenimiento de 25 ambulatorios a razón de 865.000 euros al año. La competencia sobre materia sanitaria es de la Xunta, pero la mayoría de los municipios costean con sus ajustados presupuestos municipales los gastos de mantenimiento. La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, el titular de Presidencia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey, firmaron ayer con los regidores el acuerdo, por el que se liberan de los gastos de mantenimiento y los generales lo que supone “un alivio importante para el estado financiero de los ayuntamientos”, indicó Mosquera.
Con estas 25 transferencias, la Xunta se responsabiliza del pago de un total de 86 centros de salud, que le cuestan al Sergas 3,1 millones al año, 26 de ellos procedentes también de ayuntamientos. La conselleira sumó también a la cifra total 20 edificios que están en construcción o que se acaban de poner en funcionamiento y otros 15 que el Sergas aún no ha licitado. Alfonso Rueda insistió en que la Xunta se convierte en titular de los ambulatorios “quizás en el momento más difícil para hacerlo”. “Debemos seguir [asumiendo más centros] pero hay que poner en valor que la Xunta haga el esfuerzo y asuma el gasto económico en este momento”, apuntó.
La reivindicación de los ayuntamientos de que la Xunta asuma los costes de los centros de salud y otros como el pago de la calefacción de los colegios de Infantil y Primaria se recogen también en el Pacto Local que se firmó en 2006. “No fue hasta abril de 2010 cuando firmamos la transferencia de los primeros 26 centros de salud”, afirmó Mosquera. En este sentido, el también alcalde popular de Ferrol y presidente de los regidores agradeció “la buena disposición” de la Xunta y afirmó que esta transferencia es “un tema de justicia” para los municipios y que se recoge como una prioridad en el Pacto Local. “Es una manera de trabajar de forma conjunta entre las Administraciones para prestar la mejor asistencia a menor coste y prestar la mejor asistencia al menor coste”, defendió Mosquera.
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