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Blasco participó de los beneficios ilícitos y recibió dinero de la trama

La juez sostiene que el actual portavoz del PP conocía el fin último del fraude

Rafael Blasco en su escaño de las Cortes Valencianas.
Rafael Blasco en su escaño de las Cortes Valencianas.

La magistrada Nieves Molina afirma que el actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, “conocía el fin último” del cabecilla de la trama que desvió dinero de las ayudas de la Generalitat a países en vías de desarrollo, su amigo Augusto Tauroni y, además, “participó de los beneficios ilícitos obtenidos al recibir determinadas cantidades de dinero”. La juez que instruye el saqueo de los fondos de cooperación que otorgaba la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, de la que Blasco fue consejero en la época de Francisco Camps como presidente, ha elevado consulta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana sobre su posible imputación, dada su condición de aforado. En ese documento, fechado el 29 de junio, sostiene que hay “sólidos indicios” de su participación activa en la trama que desvió alrededor de seis millones de euros.

En su escrito, respaldado por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que le achaca supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, la juez relata a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones. El TSJ decidirá ahora, probablemente, imputar a Blasco, y nombrará un nuevo juez instructor.

La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a la trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.

Felip sospechaba la “connivencia” de Blasco y Tauroni, según la juez

Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.

Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.

La juez relaciona este mensaje con otro entre los hermanos Tauroni en el que se habla de un posible pago al consejero: “Los cinco documentos de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada uno… Ok? Házselo llegar en cuanto se haya visto en la dotación, pásaselo a Maribel para que se lo deje a la secretaria, yo se lo diré ahora…”. Y añaden: “JJ tendrá que poner cinco páginas en un sobre que oculte contenido. Llamad a su secre y que Maribel se lo entregue…”. Los cinco documentos de 1.000 caracteres harían referencia a 5.000 euros.

Hay varios correos, pero destaca otro de 26 de julio de 2011, en el que Arturo le adjunta a Maribel una transferencia de 12.100 euros a Chust Alzira, empresa de otro de los imputados, en la que le dice: “Hazle llegar a JJ esto para que vea que sí se ha realizado… Te tiene que dar un sobre para llevárselo a la secre del conill entre el viernes y el lunes, recuérdaselo”.

Correos, conversaciones y documentos apuntan a los supuestos pagos al consejero

Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.

La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.

El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.

La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.

 

“Cascos nos debe una muy gorda”

El escrito de la juez recoge gran parte de la argumentación de los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres pero el informe de estos desvela que Rafael Blasco hizo gestiones para que la trama consiguiera contratos en Asturias, al parecer gracias a la relación que el consejero tenía con el entonces presidente autonómico y exministro de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos.

En una conversación telefónica de octubre pasado, Blasco le dice a Tauroni: “Te acuerdas que te comenté que teníamos posibilidades de hacer una propuesta para desarrollar cosas allá en la parte del norte (...) Bueno, este hombre me llama y me dice que cuanto antes le formalice una propuesta sobre temas concretos y con las condiciones en que eso se podría implementar, pues que antes él acelerará la reunión”. Pero no hay nada definido, puesto que el exconsejero se refiere a temas “dentro del abanico un poco de cosas que se puedan hacer”.

Ese mismo día Tauroni llama a otro imputado, Joaquín Rafael Blasco, y le informa de que en “eso del norte hay posibilidades reales de coger faena”, y que “ahí tienen un compromiso moral real y quieren que hagamos algo”. Después le pide que le envíe alguna presentación ya hecha de firmas de la trama, como GCS, que ya ha ganado concursos para la Generalitat.

Días después Tauroni le envió un correo electrónico a la administradora de Hemisferio, Maribel Castillo, en el que le decía: “Llama a la Consejería de Bienestar Social e Igualdad [en Asturias había una consejería con ese nombre, cuya titular era Paloma Menéndez] y averigua cuantía y fecha de salida de las subvenciones de cooperación internacional. Si hacen convocatorias o convenio. Si son de cuantía interesante, iré a ver a esta persona [la consejera] de parte de Cascos. Nos debe una muy gorda”.

En esos días Blasco y Tauroni se citan seis veces. Los fiscales concluyen que “estarían implicados en uno o varios proyectos, presumiblemente profesionales, en común”.

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