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La juez cree que Rafael Blasco cobró de la trama de las ayudas de cooperación

Nieves Molina se apoya en conversaciones, declaraciones de imputados y correos electrónicos

Rafael Blasco, en un pleno reciente de las Cortes valencianas.
Rafael Blasco, en un pleno reciente de las Cortes valencianas.

La juez que instruye el saqueo de los fondos de cooperación que otorgaba la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ha remitido su consulta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana sobre la posible imputación del portavoz del PP en las Cortes Valencianas, el exconsejero Rafael Blasco, y en ese documento, fechado el pasado 29 de junio, sostiene que hay "sólidos indicios" sobre su participación activa en la trama que desvió alrededor de seis millones de euros.

En concreto, Molina apunta que hay indicios de que incluso ha cobrado dinero de la trama. En su escrito, respaldado por el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se le achacaba la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, la juez relata los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Ahora será el TSJ el que decida si imputa a Blasco, se queda con el caso y nombra un nuevo juez instructor.

El PP mantiene al portavoz

El presidente del Consell, Alberto Fabra, ya marcó "la hoja de ruta" del futuro de Blasco y el PP se atiene a ella también después del auto de la juez. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, y el portavoz provisional del PP en las Cortes, Rafael Maluenda, han recordado esta tarde que el presidente valenciano ya dijo que el exconsejero tendría que dejar su cargo en las Cortes cuando fuera imputado. Ambos han pedido respeto al procedimiento, en el que el auto de la juez es un paso más. Así, Rafael Blasco continúa siendo el portavoz de facto de los populares en el Parlamento.

Molina explica que "inicialmente" se encontraron con hechos que "hacían sospechar" la vinculación de Blasco. Sobre todo, a tenor de la "estrecha relación" con el principal imputado en la causa, Augusto César Tauroni, en prisión desde el pasado 23 de febrero. Pero "estos hechos no pasaban de ser meras sospechas insuficientes para mantener una imputación", asegura la juez.

Pero a través de las diligencias de investigación practicadas en el curso del procedimiento, declaraciones de imputados y testigos y "sobre todo el contenido de alguno de los correos bloqueados", asegura Molina, las iniciales sospechas han pasado a "convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita" que se relata en el sumario. Por todo ello, le imputa los delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Es decir, uno más que la Fiscalía Anticorrupción.

En un contundente auto, Molina asegura que hay una "serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que D. Rafael Blasco haya recibido dinero de D. Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones ".

La juez ve "sólidos indicios de participación en la actividad ilícita"

Así, Arturo Tauroni recibe el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, ambos personas de confianza del cabecilla de la trama, en el que le escribe: “…Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y hasta varios miembros del administración llamaban a Blasco El Conejo, Conill y Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados con un conteo como protagonista.

La juez relaciona este mensaje con otro entre los hermanos Tauroni en el que se habla de un posible pago al consejero: “…los cinco documentos de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada uno…OK? Házselo llegar en cuanto se haya visto en la dotación, pásaselo a Maribel para que se lo deje a la Secretaria, yo se lo diré ahora…”. Y añaden: “…JJ tendrá que poner cinco páginas en un sobre que oculte contenido. Llamad a su secre y que Maribel se lo entregue…”. Los cinco documentos de 1.000 caracteres harían referencia a 5.000 euros.

Hay varios correos más muy significativos, pero destaca otro de 26 de julio de 2011, en el que Arturo le adjunta a Maribel una transferencia de 12.100 euros a Chust Alzira, empresa de otro de los imputados, en la que le dice: "Hazle llegar a JJ esto para que vea que sí se ha realizado… Te tiene que dar un sobre para llevárselo a la secre del conill entre el viernes y el lunes, recuérdaselo”.

En la documentación incautada hay anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras

Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, director general de la consejería, se halló un maletín de mano con unos folios impresos con las palabras Rafael Blasco Castany en EE UU y una serie de datos de las siguientes sociedades: T & B Blasco Enterprises Inc., Blasco Construction Corp, Blasco Investments Llc., Blasco Electric Inc., Blasco Enterprises Llc.

A juicio de la magistrada, "dichos documentos son indicativos de las sospechas que le generaba al director general la actuación de su consejero, hasta el punto de pensar que el mismo participaba de sociedades en EE UU, sospechas que asimismo se extendían respecto de Augusto César Tauroni, ya que también había hecho búsquedas en Internet sobre sociedades con las que pudiera estar relacionado". Es decir, Felip "sospechaba por tanto de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería de la que era director general".

Y en la documentación incautada en casa de Tauroni, los policías encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran “RR”, “MLL” o “YO”. Y en la columna correspondiente a “RR”, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. "Existen indicios suficientes en la causa", concluye la juez, "para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabit y, por lo tanto, a pagos efectuados a D. Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a D. Marc Llinares y al propio D. Augusto Tauroni".

Incluso la juez apunta que, tal y como publicó EL PAÍS, que el síndic del PP, pudo alertar en febrero pasado a los cabecillas de la trama de las inminentes detenciones. Molina hace referencia a las declaraciones del exconsejero, María Ángeles Rincón, quien al ser preguntada por el contenido de una conversación que mantuvo el día de antes de las detenciones con Arturo Tauroni en la que le advertía de que iba a ser "inminente" lo que “le pasó en el papelito”, explicó que era un mensaje literal de Blasco y reconoció que “relacionó el contenido de dicha frase con lo que ocurrió ese día”, es decir, con las detenciones.

El auto apunta a que el exconsejero avisó de la inminencia de las detenciones

La juez es en este punto contundente: "Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el ex consejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del Sr. Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente".

En el escrito de Molina al TSJ se describe cómo se tramitaron las ayudas que concedió Blasco a la Fundación Cyes (sin vinculación con la constructora del mismo nombre), que obtuvo 1,6 millones para Nicaragua en 2008 y se gastó la mayor parte en comprar inmuebles en Valencia. Y explica que la Administración se saltó el procedimiento puesto que Cyes no cumplía los requisitos y se le requirió para que subsanara algunas omisiones. Como los miembros de la comisión evaluadora de los proyectos se negaron a aprobar los de Cyes, aunque firmaron un acta a favor que se negaron a entregar hasta que se subsanasen las deficiencia, Blasco convocó una reunión urgente.

Allí, según la juez, "les expresó su desagrado por el acuerdo adoptado por los mismos, insistiéndoles y exigiéndoles de forma persistente en que le entregaran el acta para darle el curso correspondiente a la vez que cuestionaba la profesionalidad de aquellos". Blasco les dio un tiempo para reflexionar. Tras ello, según Molina, "se mantuvieron en lo previamente decidido contrario a lo exigido por el Consejero, a quien le trasladaron su decisión y quien encolerizado llegó a dirigirse a los allí presentes y en especial a la jefa de servicio, advirtiéndoles que se iba a dedicar durante el periodo estival a revisar todos los expedientes cursados por ellos en orden a buscar irregularidades en los mismos". En su relato, la juez explica que Blasco cumplió su amenaza: "Al día siguiente ordenó a los ordenanzas de la Consejería que subieran a su despacho todos los expedientes dependientes del servicio de gestión administrativa y asistencia jurídica".

La juez basa su escrito en declaraciones de los imputados y testigos, que relataron cómo era la Fundación Hemisferio, creada por Tauroni para articular los proyectos y desviar el dinero de las subvenciones, la que se puso en contacto con las ONG. También en el interés mostrado, según las declaraciones, desde la Consejería hacia los proyectos presentados por Entre Pueblos (después Hemisferio) o las ONGD que gestionaba Augusto César Tauroni.

La Administración se saltó el procedimiento en la adjudicación de las ayudas

Molina también relata al TSJ cómo durante el periodo que han estado interceptadas las comunicaciones telefónicas "también se ha podido constatar ese trato especial dispensado por la Administración" a la Fundación de Tauroni, "orientándole sobre la documentación a aportar, siendo generosos al admitir determinada documentación justificativa de gastos en la fase de ejecución de los proyectos o admitiendo el cambio de unos gastos por otros".

En su auto, la magistrada también revela cómo se tramitó en 2011 el frustrado concurso del hospital de Haití, quedando claro que la consejería elaboró el proyecto al alimón con Hemisferio antes de que se resolviera el concurso y con la ONG Esperanza sin fronteras como beneficiaria ya de antemano.

Con todos estos indicios la juez llega a asegurar que "Blasco, por tanto, era conocedor de las irregularidades que giraban en torno a la ejecución de los proyectos gestionados por Entre Pueblos y en especial con el tema de la administración del dinero de las subvenciones y sin embargo no consta el más mínimo reproche por su parte a la actuación del Sr. Tauroni, de lo que puede inferirse que pudiese conocer la verdadera gestión de los fondos públicos hecha por el mismo".

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