Xunta y Gobierno dan el doble de lo necesario para rematar un asilo ilegal

Los 170 millones que Gobierno central y Xunta invertirán en zonas deprimidas hasta 2016, a través de un convenio firmado por Feijóo y Miguel Arias Cañete,financiarán un edificio ilegal y obras que difieren de su objetivo: la mejora socioeconómica de zonas rurales. Para el asilo de Chandrexa de Queixa financiado por Baltar, levantado por la constructora de un alcalde del PP para la empresa de otro alcalde del PP, se consignan 1,6 millones, más del doble de lo necesario para rematarlo. Solo faltan 650.000 euros, según el plan de obra del proyecto. Esta partida no es la única dudosa. Otra residencia inacabada en Montederramo recibe 1,4 millones. Paralizada hace seis años, está inmersa en un proceso judicial para dirimir la propiedad de los terrenos y la legalidad de su cesión. Además, el Consello de Contas denunció una posible duplicidad en la financiación y detectó que no se certificaron todos los expedientes contratados.

El plan destina otros 300.000 euros al parque biosaludable de Esgos (localidad natal de Baltar) que ya fue adjudicado por la Diputación de Ourense en enero. El parque rodea otro asilo inacabado e implicado en un proceso judicial tras la muerte de un empleado de la diputación que vigilaba la obra. La construcción y gestión de la residencia recayó en la empresa del exalcalde baltarista de Maside, la misma que levantó el asilo de Chandrexa. También se consignan otros 652.000 euros para un centro de día en A Porqueira. La empresa solicitó en diciembre de 2011 la devolución de la fianza para responder de las obras ya rematadas. Otros 74.500 euros servirán para equipar la ampliación de otro geriátrico en Castro Caldelas. El alcalde, Eladio Osorio (PSOE), duda que sean necesarios 74.500 euros “para comprar ocho camas”. El regidor se enteró de las obras agraciadas por el BOE.

Esa negociación fue objeto de debate en la Comisión de agricultura del Parlamento. La diputada socialista, Sonia Verdes, recalcó que los planes de zona fueron “cocinados” para beneficiar “antojos de alcaldes del PP”. Para la diputada, el convenio es “un escándalo que solo servirá para lavar la cara de la Xunta en periodo preelectoral”. Desde el PP defienden que el plan dedique 1,6 millones a pagar grandes fiestas, algunas tan consolidadas como la del cocido de Lalín. La diputada Isabel García Pacín, del PP, respondió: “En los pueblos también tenemos derecho a tener fiestas con fotografías de líderes”.

Negueira de Muñiz se lleva cero euros teniendo el 90% de su superficie incluida en la Red Natura. Sin embargo, Rábade recibe 2,5 millones para un centro de menores, pese a que casi todo su territorio es zona urbana.