Xunta y Gobierno dan 1,6 millones de euros a un asilo con orden de derribo
Xunta y Gobierno dan 1,6 millones de euros a un asilo con orden de derribo promovido por un exalcalde del PP
El dinero, 1,6 millones de euros, lo ponen a partes iguales la Consellería de Traballo e Benestar y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y parte de la Ley 45/2007 que aprobó el primer Gobierno de Zapatero para el desarrollo sostenible del medio rural. Amparados por aquella norma estatal, el Gobierno gallego y el ministerio establecieron el pasado mayo un calendario a tres años para invertir 170 millones de euros hasta 2016 en zonas deprimidas.
El convenio que firmaron personalmente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro Miguel Arias Cañete programa actuaciones de lo más diversas: desde residencias y centros de salud pasando por fiestas gastronómicas, trabajos forestales, motobombas y hasta reparaciones de puentes y otras infraestructuras. Todo eso tiene cabida en el acuerdo rubricado el pasado 7 de mayo en Madrid y que cofinancian ambas administraciones. Así que cada consellería de la Xunta fue eligiendo sus proyectos estratégicos para el rural.
En la lista que aportó la Consellería de Traballo e Benestar figuran varias residencias y centros de día, entre ellas la de Chandrexa de Queixa en Ourense, que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) del mismo Gobierno gallego consideró ilegal en 2010. El edificio iniciado a principios de 2000 lo promueve Manuel Candal, un exalcalde de Vilamartín de Valdeorras por el PP y amigo íntimo del barón José Luis Baltar y se asienta sobre suelo rústico, carece de autorización urbanística de la Xunta y según la APLU debe ser demolido.
El proyecto ya consumió 1,3 millones de euros que aportó íntegramente la diputación de Ourense en seis anualidades y que permitió levantar un mamotreto de cuatro plantas que continúa inacabado en Chandrexa de Queixa. Está el esqueleto anclado en la falda de una montaña del Macizo Central a ladrillo visto junto a una aldea de casas bajas y 70 habitantes en Celeiros.
El convenio de la Xunta y el ministerio prevé destinar 1.650.000 euros más que pagarán a medias la Xunta y el Gobierno central.
La partida —que figura en el anexo 1 del acuerdo publicado en el Boletín Oficial del EStado el pasado 11 de junio dentro del apartado de servicios y bienestar social— permitiría acabar la obra y acondicionarla para ponerla en funcionamiento si no fuera porque la Xunta a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ya dijo en 2010 y con este mismo Gobierno que el edificio no es legalizable en ningún caso y que lo que se debe hacer es derribarlo. Tal y como consta en el BOE el dinero se destina a “construcción, equipamiento y mobiliario de la residencia”.
Benestar desconoce el estado de la obra y amenaza con retirar los fondos
Preguntada por este diario, una portavoz oficial de la Consellería de Traballo admite que su departamento desconocía la situación legal de la residencia y que fue el regidor orensano el que le presentó el proyecto. “Hemos decidido priorizar las infraestructuras que están ya en obras para acabar lo que está iniciado, más que empezar nuevos proyectos”, asegura esta fuente de la consellería. Traballo resta importancia a que el proyecto figure dentro del convenio firmado con el ministerio y sostiene que podrá ser revisado en la comisión de seguimiento entre ambas administraciones antes de que la Xunta firme un acuerdo ad hoc con el Ayuntamiento para transferir esos fondos.
La financiación de esa residencia ilegal choca frontalmente con el espíritu del convenio firmado por el Ministerio de Agricultura y que pretende “la mejora de la situación socioeconómica y la calidad de vida de las población de las zonas rurales en el marco del respeto ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales”.
La residencia de Chandrexa de Queixa es la de un negocio redondo ideada por el núcleo duro del Baltarismo que se frustró en cuanto los técnicos empezaron a husmear en el proyecto. Las fincas las cedía el Ayuntamiento gobernado por Francisco Rodríguez —regidor que heredó el puesto de su padre y diputado provincial por el PP—, la obra la financiaba la institución provincial y una vez acabada, los beneficios los recogería la fundación Valdegodos propiedad de Manuel Candal, durante 36 años alcalde de Vilamartín de Valdeorras y amigo íntimo del presidente de casi todo en la provincia José Luis Baltar Pumar. Cada vértice del triángulo cumplió su cometido hasta que chocaron con los técnicos de Legalidade Urbanística. El regidor de Chandrexa de Queixa sigue viendo manos negras detrás de la orden de paralización. Suele recordar que las primeras inspecciones a la obra fueron en tiempos del bipartito.
Economía sostenible... en fiestas gastronómicas
Dentro del mismo convenio ratificado por el Ministerio de Agricultura y la Xunta que persigue buscar “un medio rural coherente, armónico y sostenible” cabe prácticamente todo. El acuerdo reserva 1,6 millones de euros para financiar siete fiestas gastronómicas y romerías dentro del plan plurianual hasta 2016. Verín y Xinzo reciben 320.000 euros cada uno para celebrar el Entroido. Ortigueira, 240.000 euros para su Festival Celta. A la romería de A Nosa Señora da Barca de Muxía se le asignan otros 240.000 euros, igual que a la Rapa das Bestas de Sabucedo.
La Romería Vikinga de Catoira se hace con otros 240.000 euros. Lalín recibe para su Festa do Cocido 160.000 y Cambados, otro tanto con el objetivo de seguir exaltando el Alvariño cada verano.
Según detalla el convenio entre ambas administraciones los proyectos a financiar deben servir para mejorar el desarrollo económico y sostenible de las 12 zonas rurales delimitadas por la Xunta. El Gobierno central verifica los planes generales para cada comarca pero es la Xunta la que determina las iniciativas concretas. A cambio, consigue que el ministerio abone la mitad de la factura: 85 millones de euros hasta 2016. Lejos del propósito inicial de la ley que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, una declaración de buenos propósitos, el programa de actuaciones ha derivado en cajón desastre.
Conviven dentro de las distintas partidas rutas ornitológicas por los humedales de la Terra Cha, con campañas para el turismo en zonas deprimidas, cursos de formación sobre las actvidades más heterogéneas, infraestructuras de distinto pelaje y hasta subvenciones en régimen de concurrencia competitiva tanto para suprimir barreras arquitectónicas, comprar maquinaria y transportar biomasa o adquirir aparados que sintonicen la TDT.
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