La Defensora del Pueblo critica el papel del Gobierno en un PAI de Dolores

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha manifestado muy crítica con que la Abogacía del Estado retirara el recurso que presentó en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra la aprobación del plan parcial Dolores Golf, en la misma localidad de La Vega Baja, tras formular la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) “una opinión informal” que la defensora considera “apenas concluyente” sobre la disponibilidad de recursos hídricos para desarrollar un PAI que implicaba la reclasificación de 1,56 millones de metros de huerta para la construcción de 2.646 viviendas (592 de ellas protegidas) y un campo de golf en suelo no urbanizable que, además, limita al norte con el Parque Natural del Hondo.

En su resolución, formulada tras la denuncia de un vecino, la defensora critica que la Administración General del Estado desistiera del recurso “sin razones debidamente fundadas, sin un pronunciamiento expreso del organismo de cuenca, la CHS, que debería expresar su parecer mediante la persona que ostenta la Presidencia”. Tras examinar la documentación que figura en el expediente del PAI, la resolución de la defensora confirma que en su último informe, la CHS se limitó a decir: “Es probable que en el informe que esta Confederación debe emitir se contemple la existencia de recursos hídricos suficientes para atender las demandas generales por el desarrollo del Plan Parcial del asunto”. Para la defensora, “la expresión de una conjetura basada en una probabilidad determinada”. No obstante, el plan parcial fue aprobado por el Consell el 27 de marzo de 2008 y posteriormente por el Ayuntamiento de Dolores, gobernado entonces por el PP con mayoría absoluta.

Pese a todo, en el acta de la reunión en la que la comisión territorial de Urbanismo de Alicante aprobó el PAI se hizo constar el voto en contra del representante del Ministerio de Medio Ambiente, que aportó un informe de la CHS donde el organismo de cuenca aseguraba que “no existen recursos hídricos suficientes para satisfacer dichas nuevas demandas”, cifradas por la empresa adjudicataria del municipio, Aqualia, en 2.664 metros cúbicos diarios. En ese mismo documento, la comisión decidió aprobar el desarrollo del sector con condiciones.