Gayoso se aferra al cargo pese a que Anticorrupción pide que lo imputen

Traicionado por sus propias palabras, Mauro Varela, hasta ayer copresidente de la caja de ahorros junto a Julio Fernández Gayoso, se vio obligado a dimitir por sus declaraciones de la semana pasada en las que aseguraba que los compradores de participaciones preferentes “sabían lo que estaban tomando”. En la Radio Galega aseguró que ese producto financiero de alto riesgo que se comercializó entre personas con escasos conocimientos e incluso analfabetos era “perfectamente válido”, y se colocó correctametne entre inversores minoristas.

Es, paradójicamente, la primera renuncia voluntaria en la cúpula en la antigua entidad de ahorros pese al fracaso del proyecto de fusión y los escándalos de las indemnizaciones. En su carta, Varela aseguró que siente “profundamente”, que sus palabras hubieran ofendido “a aquellas personas que están angustiadas por un problema económico muy grave. Comprendo, y soy consciente que lo por mí dicho \[las\] haya lastimado. No era tal mi intención”, admitió. En tres párrafos con firma de ayer, aseguró que espera y desea “que el problema tenga una solución satisfactoria”. Varela también dejó caer una justificación al asegurar que, si bien estos tres últimos años han sido agitados en las cajas, “también lo han sido para mí, a nivel personal”. Sus palabras no hicieron más que encender las protestas de afectados que recorrieron Galicia el viernes pasado.

La renuncia no da lugar a indemnización y deja a Gayoso como único presidente a la espera del consejo de este jueves.

Estirando como un chicle el escándalo de las prejubilaciones, la querella de Anticorrupción ha añadido más leña al fuego para que el PP apoye cuanto antes la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre la fusión de cajas.

Las palabras del presidente de la Xunta de este fin de semana (dijo que esa comisión estaría trabajando “en septiembre o antes”), ya avanzaban en esa dirección, aunque fuentes internas del partido nieguen un cambio de criterio. “Siempre hemos dicho lo mismo, que se investigaría cuando Novagalicia tuviera su futuro encauzado, y eso puede ocurrir muy pronto”.

Los indicios que maneja la Fiscalía sobre prácticas constitutivas de delito por parte de los exdirectivos tuvieron lugar a finales de 2010, en un momento en que la Xunta gobernada por Feijóo tenía todos los focos puestos en la caja. Aunque el Ejecutivo siempre se ha esforzado en señalar que el verdadero origen del fracaso estuvo en la labor de supervisión (la Consellería de Facenda es la entidad tutelante) durante la época del bipartito, “dejando que alguna duplicase en pocos años su balance”, a través de los activos inmobiliarios.

Desde la oposición, el candidato del BNG, Francisco Jorquera, emplazó a Feijóo para que “sea el primero” que comparezca en esa comisión como “responsable directo de la situación en la que se encuentran”. El BNG cree que el presidente de la Xunta ha acabado cediendo a la presión de su partido y se felicitó de que “por fin tenga un compromiso concreto”. Y recordó que la Lei de Caixas se hizo “a medida de los intereses de los directivos y gestores de esas entidades”. Esa ley permitió que los consejos de administración de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova se mantuviesen pese a que algunos de sus miembros, como los propios copresidentes, excedían del límite de edad (70 años) marcada en la Ley de Órganos Rectores de Cajas.

Ayer los máximos líderes de PSdeG y PP guardaron silencio sobre el particular. Solo los socialistas coruñeses salieron al paso de la actuación de la fiscalía para ratificar que “las remuneraciones no pasaron por el consejo”, como en su día aseguró Mar Barcón, portavoz municipal del PSdeG y exconsejera de Caixa Galicia. Abel Losada, portavoz parlamentario (PSdeG), también señaló a Feijóo para que “deje de refugiarse en echar balones fuera”. “La transparencia es la base de la confianza, y la opacidad llevó a las cajas a una situación sin salida”.