El “hombre de paja” de Mopavi actuaba desde las Baleares

El empresario vigués, Ángel Suárez Ramilo, responsable del que fuera el mayor concesionario gallego de motos y accesorios, Moto Pasión Vigo (Mopavi), ha sido acusado por la Fiscalía de Pontevedra como presunto autor de uno de los mayores y más complejos fraudes del IVA tipo carrusel a través de compras intracomunitarias detectado en la provincia de Pontevedra. En el mismo proceso, iniciado por la Agencia Tributaria en 2007, también están acusados el empresario José Antonio Gómez Souto, de Mos, como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública, y un intermediario y cooperador necesario en el fraude, Miguel Ángel Ferrer Esperilla.

Utilizando empresas proveedoras ficticias en el extranjero, denominadas truchas o missing trader, que se benefician de la repercusión del impuesto en las operaciones económicas, los acusados simularon facturas en las que se deducían el IVA pero no se ingresaba en Hacienda. El fiscal especial de Delitos Económicos, Augusto Santaló, ha solicitado para los tres acusados penas que suman 24 años de cárcel y más de 19 millones de euros en multas e indemnizaciones al Estado.

Según el escrito de acusación, Mopavi está participada en su totalidad por A.S.R. Accesory SL, que pertenece a Suárez Ramilo en un 99%. Desde 2005 estas entidades tributaban como grupo fiscal y ese primer año la cuota defraudada superó los 4,4 millones de euros.

Las relaciones comerciales entre Mopavi y el acusado Miguel Ángel Ferrer no eran reales, afirma el fiscal en su escrito de acusación. Ferrer funcionaba como un trucha de la empresa de Suárez Ramilo, realizando operaciones intracomunitarias y repercutiendo el IVA a Mopavi, que lo deducía pero no lo ingresaba.

La declaración de operaciones de ambos con terceros “son sustancialmente divergentes”: Ferrer Esperilla declaró ventas a Mopavi por 5,6 millones de euros mientras Mopavi declaró compras por 12,7 millones, cuando ambas cantidades deberían coincidir. El margen obtenido en la compra de motos dentro del mercado nacional es del 7,59%, mientras el margen del mercado import-export es más del doble.

La documentación del transporte de las mercancías confirma que fueron introducidas directamente en la península y que Ferrer Esperilla trabajó desde las Baleares. Explica el fiscal que el intermediario “no era una persona afianzada en el mercado español de motocicletas y quads”, y sin embargo, desde abril de 2005, cuando comienza a operar con Mopavi y hasta final del año, le factura a la empresa 11 millones sin IVA.

Estas operaciones le convierten en el principal suministrador de estos productos, muy por encima de otras renombradas empresas, y el segundo en el conjunto de la actividad de Mopavi, tan solo por detrás de Suministradora de Componentes Electrónicos (SCE), que ya operaba con Mopavi. “Por eso —subraya el fiscal— es poco razonable pensar que alguien que se está introduciendo en un mercado tan competitivo pueda colocar productos a un único comprador por un importe tan elevado, lo que refuerza la tesis de que el acusado no es más que un hombre de paja buscado por Mopavi”.

Más del 90% de la facturación de Ferrer Esperilla se dirigió a Mopavi y a Bike&Price SL, que administraba José Antonio Gómez Souto. Pero Ferrer Esperilla registraba pérdidas con sus ventas de motos a Mopavi, según el seguimiento que hizo Hacienda de sus compras en el extranjero. Se las vendía por un precio muy inferior al de compra. “Desde el punto de vista económico dicha situación solamente se puede explicar a través del mecanismo del fraude y de una ficción”, incide el fiscal.

La relación mercantil de Mopavi y SCE reviste unos perfiles absolutamente diferentes de los mantenidos con Ferrer Esperilla. Con SCE, Mopavi asume el papel de último eslabón en la trama defraudadora: adquiere productos informáticos que SCE ha comprado a otras sociedades que, en el argot, funcionan como truchas y pantallas, que los han obtenido en el extranjero. Mopavi finalmente los vende fuera de España y solicita de Hacienda la devolución del IVA soportado y nunca ingresado ni declarado por las truchas.

Este procedimiento se repite de forma ilimitada porque Mopavi, cuando vende en el extranjero, lo hace a sociedades que también en esos países son meras pantallas, que nuevamente venden a las truchas españolas, que reinician el proceso. El fraude con SCE asciende en menos de un año a 2,6 millones de euros.

Curiosamente, las compras que Mopavi realiza a su proveedor se destinan de forma exclusiva a operaciones entre países de la UE y a los clientes de SCE. Pero lo más sorprendente para los investigadores es el hecho de que, sin previa relación comercial entre ambas empresas, el volumen de operaciones haya alcanzado los 19,4 millones de euros y que Mopavi, que operaba en otros sectores, “de la noche a la mañana, encuentre clientes a quienes colocar tan importante volumen de material”, subraya el fiscal.