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La fiscalía pide imputar a Blasco en el fraude de la cooperación

El ‘síndic’ pudo incurrir en prevaricación, cohecho y malversación

Presionó a varios funcionarios y favoreció a ONG

Rafael Blasco se dirige a la tribuna de oradores durante un pleno de las Cortes Valencianas.
Rafael Blasco se dirige a la tribuna de oradores durante un pleno de las Cortes Valencianas.

Rafael Blasco no solo dirigía una consejería que propició el desvío de los fondos destinados al tercer mundo a cuentas privadas de empresas de Estados Unidos y España. Según los fiscales que investigan el saqueo de al menos seis millones de euros, también está implicado en la trama. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar la imputación en el caso de la cooperación del actual síndic del Grupo Popular en las Cortes Valencianas (ahora apartado provisionalmente como portavoz) por su supuesta implicación cuando era consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el fraude de las ayudas de cooperación, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

Los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres presentaron un informe a la magistrada Nieves Molina, que investiga el fraude desde el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en el que consideran que hay fundados indicios de que Blasco participó en la trama y que podría ser imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

La mayoría de las 27 personas hasta ahora implicadas en la causa han sido imputadas por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Y a Blasco se le han añadido los de prevaricación, que supone dictar a sabiendas una resolución injusta, y tráfico de influencias, posiblemente por haber presionado a funcionarios para favorecer a alguna ONG en concreto.

El informe de la fiscalía es preceptivo para dilucidar una cuestión de competencia, puesto que Blasco, por ser diputado, está aforado. La juez Molina consultará ahora al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para que esta instancia decida sobre la imputación del exconsejero de Solidaridad. En caso afirmativo, el TSJ nombrará un nuevo instructor para completar el trabajo elaborado por Molina desde hace más de un año.

El sumario revela múltiples conversaciones con Tauroni, cabecilla de la trama

El sumario de la causa, que cuenta ya con 27 imputados, entre ellos seis personas que trabajan para la Administración, habla de una trama articulada en torno a la consejería y a la Fundación Hemisferio, una supuesta organización no gubernamental (ONG) que captó a media docena de asociaciones y les gestionó sus proyectos de cooperación ante la Generalitat. Cuando las ONG recibían el dinero, este se desviaba a cuentas en Estados Unidos a través de una red de empresas en España y en el país americano. Las ayudas se justificaban después ante la Administración a base de facturas falsas que emitían otras empresas, algunas ficticias.

A falta de conocer en detalle la exposición motivada de los fiscales remitida a la juez, la implicación de Blasco en el sumario se sustancia en los expedientes de las ayudas de la consejería, en las declaraciones de los testigos y los imputados interrogados por la juez y en las conversaciones intervenidas por la policía y por orden judicial a los principales cabecillas de la trama.

En concreto, el sumario revela que hubo numerosas llamadas, hasta ocho en un día, entre el portavoz del PP y Augusto César Tauroni, el principal imputado de la causa y el único que permanece privado de libertad desde su detención el pasado 23 de febrero. La policía ha vinculado a Tauroni con ocho empresas de Estados Unidos, donde además tiene dos viviendas y un yate. Él es titular de algunas de las cuentas a las que se transfirieron gran parte de las cantidades ingresadas por ONG beneficiadas que tendrían que haber llegado a países en vías de desarrollo.

La causa ya suma 27 imputados y seis de ellos trabajan en la Administración

A pesar de que Blasco negó en los últimos años tener una relación de amistad con Tauroni —aseguró que se conocían de vista solo porque ambos eran de Alzira—, las llamadas intervenidas revelan multitud de citas entre ambos, encuentros entre la secretaria de Blasco y la administradora de Hemisferio para intercambiarse sobres, intercesiones para la contratación de una persona recomendada y, lo que es más importante, el interés del exconsejero por los negocios de Tauroni como si fueran propios, a base de consejos y mediaciones cuando dejó el cargo. Incluso Blasco advirtió a Tauroni de algo “inminente” el 22 de febrero pasado, la víspera de la operación policial que desembocó en el grueso de las detenciones. La propia secretaria del político vinculó en su declaración ante la juez la advertencia con las detenciones.

Entre los delitos atribuidos por los fiscales al síndic del PP figura el de cohecho, que haría referencia a un soborno, es decir, que Blasco pudo recibir algún beneficio económico por su gestión en favor de la trama. El delito de prevaricación asignado supone que el exconsejero pudo tomar desde su puesto de consejero resoluciones injustas a sabiendas.

El ‘síndic’ avisó a Tauroni la víspera de las detenciones de algo “inminente”

Y el tráfico de influencias podría referirse a un comportamiento descrito por varios de los testigos en sus declaraciones durante la instrucción del caso. Así, explicaron que el entonces consejero presionó a los miembros de la comisión que evaluaba los proyectos de la Fundación Cyes para que le fueran aprobadas dos subvenciones por 1,6 millones de euros. Cyes (sin relación con la constructora) consiguió la subvención, pero gastó la mayor parte del dinero en la compra de inmuebles en Valencia.

Este caso, el de Cyes, motivo la primera denuncia que desató la causa, interpuesta ante la fiscalía en octubre de 2010 por la diputada socialista Clara Tirado. Después, otra diputada, Mireia Mollà, de Compromís, presentó otra denuncia que ampliaba las irregularidades de la consejería de Blasco a los años 2009 y 2010 y a otras ONG. Tras investigar el caso, la fiscalía llevó las irregularidades ante la juez en abril de 2011, y juntos investigaron en secreto durante casi un año, hasta que se conoció el operativo del 23 de febrero que desembocó en los primeros 14 detenidos.

Este viernes, tras conocer la decisión de la fiscalía, la oposición apuntó al PP. La propia Mollà aseguró que si el presidente Alberto Fabra “no echa” al síndic, se convertirá en su “cómplice político”. Y añadió que es insuficiente con mantenerlo como “un portavoz sin voz”. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró que “si el presidente Fabra no actúa de forma inmediata es que no tiene ninguna autonomía política, ni capacidad de decisión y demuestra una ausencia total de liderazgo”. Y Marina Albiol, de EU, aseguró que Blasco es “el mayor peligro” para las ayudas al Tercer Mundo. También exigió su dimisión “urgente”.

 

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