El juez del ‘caso Palma Arena’ pide las cuentas de CACSA

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha librado mandamento al Registro Mercantil Provincial de Valencia a fin de recabar datos en torno a las cuentas anuales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), entidad que se encuentra bajo la lupa judicial por las contrataciones que llevó a cabo con el Instituto Nóos cuando éste estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Así consta en una providencia dictada por el magistrado en la que acuerda recabar testimonio de las cuentas, tanto individuales como consolidadas, correspondientes en concreto a los años 2004, 2005 y 2006, con el objetivo de ahondar en la vinculación que tuvo Cacsa con el Instituto presidido por el yerno del Rey Don Juan Carlos entre 2004 y 2006.

En concreto, en el marco de esta pieza del caso Palma Arena, la número 25, se encuentran imputados entre otros la directora de gestión de CACSA entre los años 2003 y 2008, Elisa Maldonado; quienes fueran directores generales de la institución José Manuel Aguilar (2003-2005) y Jorge Vela, que lo relevó en el cargo hasta 2009, y el empresario valenciano Miguel Zorío.

Asimismo, también han sido encausados el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón, quien anteriormente ocupó el cargo de responsable de Grandes Eventos del Consejo, y la que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y posteriormente máxima responsable de esta sección en CACSA, María Ángeles Mallent.

Y es que la relación de CACSA con las investigaciones sobre Nóos se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma. Uno de ellos iba dirigido a la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y el otro fue suscrito por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, entonces presidida por el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

De hecho, el propio González Pons fue citado como testigo para ser interrogado en esta causa si bien finalmente fue suspendida su declaración, sin que hasta el momento se haya fijado nueva fecha para su comparecencia. Mientras tanto, los investigadores han tomado declaración hasta ahora a exaltos cargos de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento por los pagos realizados a Nóos.

En el marco de estas pesquisas, las acusaciones consideran a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres responsables de urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercaniles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.