Feijóo y Besteiro chocan en un acto para coordinar a las diputaciones

Historia de una foto: el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pretendía un retrato institucional con los presidentes de las diputaciones sentados a su vera y rendidos a los nuevos tiempos en que el Gobierno gallego se dispone a meterlas en cintura, ahora que muchas voces —y ya no solo el BNG— piden su supresión en el actual contexto de recortes sociales. Las ansias de vender un “acuerdo histórico” pesaron más que la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno central para regular la convivencia entre administraciones y el reparto competencial, así que ayer Feijóo citó a los cuatro presidentes provinciales en el Pazo de Raxoi para aprobar un protocolo de colaboración institucional que se verá superado en cuanto se apruebe la normativa del Estado.

Ya de víspera había advertido en un coloquio que el texto sería firmado por los que quisieran acudir. Sabía, porque la Diputación de Lugo ya se lo había advertido por escrito una semana antes, que su presidente, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, no estaba por avalar un documento que la asesoría jurídica del ente provincial había puesto de vuelta y media. Tras analizarlo, el equipo de abogados de la Diputación lucense concluyó que “el documento no alcanza los estándares mínimos de seguridad jurídica y adecuación al marco normativo para ser firmado”.

El jefe del Gobierno gallego pide poner fin a la “autarquía de las instituciones”

Pese a esas reticencias técnicas, el Consello de la Xunta ratificó el protocolo el pasado jueves y ayer el Gobierno lo puso sobre la mesa en la reunión con los cuatro presidentes provinciales. Besteiro —el único que no milita en el PP— se plantó y amenazó con no firmarlo si no se introducían modificaciones, en especial el apartado que aludía a los servicios sociales, cuyo coste pretende traspasar la Xunta a las diputaciones y que la de Lugo se plantea llevar a los tribunales. Así que con el acto de rúbrica convocado y la prensa esperando en el salón noble de Raxoi, de prisa y corriendo se modificó el protocolo de acuerdo con lo que planteaba Besteiro. Se eliminó la referencia a la financiación de los servicios sociales y en su lugar se estableció un plazo de un mes para poder alcanzar acuerdos bilaterales. El texto incorporó nuevos párrafos —meras declaraciones de intenciones sin demasiados compromisos concretos— sobre el sector primario y contra la despoblación del rural ,y por fin estuvo listo para tan solemne ocasión.

Uno tras otro, los presidentes de las diputaciones de Ourense, Pontevedra y A Coruña, las gobernadas por el PP, pasaron ante el micrófono para glosar la iniciativa y felicitar a Feijóo. “Marca un antes y un después”, aseguró Rafael Louzán. “Un hecho histórico”, remarcó su compañero ourensano, José Manuel Baltar. El de A Coruña, Diego Calvo apostilló que desde ayer “las cosas ya no volverán a ser igual”.

Los dirigentes del PP celebran un “día histórico y que nada volverá a ser igual”

Y el presidente por fin pudo hacer su discurso sobre instituciones que caminan en la misma dirección pese a la diferencia de color político, coordinadas para poner coto a la “tendencia autárquica” que vivieron las instituciones “en los momentos de bonanza”. Atribuyó la nueva era al “relevo generacional” al frente de las diputaciones y también en la Xunta. “Hay que hablar menos y actuar más. Más que un acontecimiento aislado, este acto es una prueba de la madurez de nuestro país. El tiempo dará y quitará razones”, afirmó al cerrar el acto, que no admitió preguntas de los periodistas. En eso coincidió Besteiro que incluso se permitió citar un plazo para comprobar si lo de ayer pasa de ser un “acto político más”. Se concedió un mes para ver cómo se articulará la financiación de los servicios sociales y del programa de ayuda en el hogar.

Ni siquiera se comprometió en una breve comparecencia ante la prensa al final del acto a retirar el recurso en los juzgados de lo contencioso-administrativo contra el decreto de la Xunta que le transfiere el coste de los servicios sociales si esta no da marcha atrás en sus intenciones. “Todos sabemos sumar y restar y lo que no puede ser es si tenemos déficit pasárselo al otro en servicios siociales. No me niego al traspaso de competencias, pero yo, como los catalanes, con suficiencia financiera”.