El exabogado de Ruiz-Mateos destapa pagos en ‘b’ al intermediario Lanzas

Nueva sorpresa en la investigación del caso de los ERE. Joaquín Yvancos, abogado de José María Ruiz-Mateos durante 28 años, ha destapado ante la Guardia Civil los pagos en b del empresario jerezano al intermediario Juan Lanzas. “Tenía una tarifa de 100 millones de pesetas (600.000 euros) por cada ERE, independientemente del tamaño”, declaró como testigo ante los investigadores el pasado febrero.

El letrado de Ruiz-Mateos hasta el pasado verano describió un enorme fraude perpetrado supuestamente por altos directivos y los seis hijos del empresario antes de la venta de Nueva Rumasa. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga este entramado de sociedades en paraísos fiscales y una treintena de testaferros entre 2010 y 2011.

Antes del ocaso del grupo, la Junta subvencionó cinco ERE de empresas de Ruiz-Mateos tras comprometerse este con Lanzas, amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, a pagarle comisiones ilegales por tres millones, aunque finalmente cobró 1,5 millones, según Yvancos. El letrado aseguró que por el ERE del hotel Cervantes, Lanzas cobró su mediación en sobres que recibía semanalmente con cantidades que oscilaban entre 20.000 y 25.000 euros. Como detalle, explicó que Lanzas recibía sobres con billetes de 500 euros en la casa que la familia Ruiz-Mateos tiene en Somosaguas (Madrid).

“Era la cultura del sobre. Todo el mundo cobraba en b. En vez de blanquear, ennegrecían el dinero al sacarlo de la caja A. Pero fueron tan torpes \[los hijos del empresario\] como para dejar señal de todo y detallarlo en el libro de vencimientos; el libro rojo”, añadió ayer Yvancos, que en su declaración entregó 16 gigas de documentación a los investigadores.

La explosiva declaración de Yvancos amplía los indicios de comisiones ilegales mediante sobres con dinero, costumbre ya denunciada ante la juez por Juan Francisco Trujillo, exchófer del ex director general de Trabajo, antes de su ingreso en prisión. Entonces Trujillo acusó al exjefe de Lanzas en la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, de pagar comisiones ilegales a Guerrero.

El exletrado de Ruiz-Mateos dispara contra numerosos directivos de Nueva Rumasa como Alfonso Espinosa o Javier Bertola, que centralizaban los pagos, pero siempre bajo las órdenes de Javier Ruiz-Mateos. En Jerez, “para rellenar los sobres”, se hacía a través del Banquito que dependía de Ramón Romero, según Yvancos. Este señala que Nueva Rumasa tramitó subvenciones a través del exconsejero Gaspar Zarrías, y menciona la intermediación de un “alto funcionario de la Junta” vinculado a la familia Ruiz-Mateos.

El abogado detalla que el empresario jerezano utilizó testaferros, entre ellos un sobrino que figuraba como administrador de más de 100 empresas. Ruiz-Mateos presentó Lanzas al dueño de Aglomerados Morell y a la propietaria del restaurante Río Grande, ambos imputados en el caso por la gestión del exsindicalista de UGT en sus expedientes.

El abogado de Lanzas, Julio Martínez, definió ayer la relación de su cliente con Ruiz-Mateos como “esporádica y bastante superficial”, pero manifestó desconocer la forma de pago entre ambos.

Mientras, la juez Mercedes Alaya ha imputado a otras cuatro personas, por lo que el caso acumula ya 59 imputados. Entre ellos destaca el exdiputado del PSOE Ramón Díaz, anterior mano derecha de Guerrero. La magistrada le achaca “su activa participación en la inclusión de intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas)” en los ERE de Calderinox, Saldauto y Anovo. Además, Alaya le acusa de intervenir para dar a la firma SAT Virgen del Espino una ayuda directa de 450.000 euros para ocho trabajadores, cuando en realidad la sociedad solo contaba con dos empleados en nómina. A Díaz la juez suma otras tres imputaciones: la exasesora María José Rofa por conocer la “presunta ilegalidad” de la gestión en la Consejería de Empleo, así como el exjefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois, María Ángeles Gala y Rocío Sayago, dos exsecretarias del ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

La juez ha citado en julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y los ex directores generales Juan Márquez y Daniel Rivera para que junto a Rofa declaren en el juzgado y esclarezcan las irregularidades en el corazón de la Consejería.

En sus últimas resoluciones, la juez fija una fianza por responsabilidad civil de 2,3 millones para Trujillo y declara responsables civiles subsidiarios al sindicato CC OO y al despacho Garrigues, entre otros. Alaya ha vuelto a decretar una batería de diligencias que denota la complejidad del caso y sus múltiples aristas. Mientras que la Guardia Civil le ha entregado atestados de las empresas González Byass, Calderinox, Aglomerados Morell y Acyco, la magistrada aclara que considera irregular el sistema implantado por el último consejero de Empleo Manuel Recio para regularizar las ayudas. “Se seguía con la misma ausencia en el trámite de concesión, la fiscalización previa del gasto”, sentencia.