Las trabajadoras sociales de Tarragona llevan seis meses sin cobrar

Rosaura Restrepo, de 64 años, cuenta que se quedará este miércoles sin hogar porque lleva meses sin abonar el alquiler. Los propietarios de su piso le demandan los pagos atrasados, a los que no puede hacer frente, y tendrá que dejarlo. Restrepo no sabe donde dormirá porque vive sola y no tiene ningún familiar en Tarragona. Desde hace dos meses tampoco cuenta con dinero para comprar comida. “Voy a Cáritas, en la parroquia me dan de comer arroz o pasta”, explica. Pero Restrepo no está en paro y sigue acudiendo a su empleo diariamente. Ella es una de las 57 trabajadoras de la empresa BBS Servicios, contratada por el Ayuntamiento de Tarragona para prestar atención domiciliaria. Desde ayer todas hacen turnos frente al Consistorio para exigir las nóminas atrasadas que les deben. Llevan 6 meses sin cobrar porque la compañía ha quebrado. “No nos pagan desde enero, con los atrasos del convenio del 2011 incluidos, y no hemos dejado de trabajar ni un día, que quede claro”, afirma Dolores Reyes, delegada de CCOO y otra de las afectadas por los impagos. Las empleadas de servicios sociales han decidido acampar en la Plaça de la Font cada día desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche para dar a conocer su situación laboral. “Desde marzo dicen que vamos a cobrar y lo van retrasando de cada vez más”, explica Reyes.

Las trabajadoras sostienen que es difícil desempeñar su empleo sin que influya su situación personal. “Nosotras, que somos trabajadoras familiares, somos las que tenemos que acudir al auxilio de los servicios sociales y Cáritas, es una paradoja”, dice Francisca Caballero, otra empleada. Por los impagos, a algunas en sus casas las compañías les han cortado la luz o la línea telefónica. Pero, además, según sostienen, pasan penurias diarias para alimentarse. “Algunos días ni siquiera puedo comer, no tengo dinero para ir a ninguna parte, ya no quiero coger el teléfono cuando llaman porque siempre es para reclamar facturas pendientes”, cuenta Virginia Pelegrín, de 60 años. Los números rojos se atrincheran en sus cuentas bancarias, por eso piden el abono de las nóminas pendientes. “Estoy en la lista de morosos del banco, es insostenible”, agrega María Urbina, otra trabajadora de atención domiciliaria.

La situación legal BBS Servicios es compleja. A la empresa el Consistorio le adjudicó la atención domiciliaria de la ciudad, pero ahora la compañía se encuentra embargada tanto por la Seguridad Social como por la Agencia Tributaria. Por eso, las empleadas no cobran. “Si hubiésemos pagado a la empresa, se habría quedado el dinero igualmente por las deudas que tienen, y las trabajadoras seguirían sin cobrar”, afirma Begoña Floria (PSC), portavoz del Ayuntamiento de Tarragona. Además, al parecer está siendo imposible contactar con el jefe de recursos humanos o el gerente de la compañía, hasta el punto que los burofaxes y los correos certificados que les envían desde el Consistorio son retornados. El Ayuntamiento pagó a cada una de las 57 trabajadoras de BBS Servicios 1.000 euros en concepto de ayuda de urgencia. También realizó otro pago, lo que conforma el 50% de la deuda de la empresa con sus empleadas.

Sin embargo, las afectadas aseguran que tras hacerse efectivo el traspaso de dinero, les volvieron a descontar los 1.000 euros iniciales. Este miércoles está prevista la celebración de un consejo rector extraordinario del Instituto Municipal de Servicios Sociales con el objetivo de rescindir el contrato con BBS Servicios y ampliar el acuerdo con la Fundación Santa Tecla, quien en un futuro se hará cargo de la atención domiciliaria del Ayuntamiento. Floria asegura que tras este paso, se normalizará el pago de las nóminas. “Por cuestiones administrativas no hemos podido ir más rápido, garantizamos que las trabajadoras podrán reubicarse, y si quieren emprender acciones legales contra la empresa, el Ayuntamiento las apoyará”, dice la portavoz del Consistorio. El jueves las 57 afectadas se reunirán con el alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros. No dejarán de manifestarse, aseguran las trabajadoras, hasta cobrar todas las nóminas pendientes.