El exconsejero Fernández insta a la juez Alaya a “reconducir” la investigación

“¿Cuál será el paso siguiente: considerar sospechosos de participación criminal a esos casi 6.000 trabajadores perceptores de las ayudas, imputarlos y reclamarles también la devolución de lo percibido?”. El abogado del exconsejero Antonio Fernández, en prisión preventiva, ha censurado con dureza la “desmesurada” e “invasora” instrucción del caso de los ERE por parte de la juez Mercedes Alaya.

El letrado Alfonso Martínez del Hoyo ha recurrido la fianza de 807 millones por responsabilidad civil impuesta a Fernández, y en su escrito critica la tesis de la juez sobre cómo la cúpula del Gobierno andaluz se confabuló con la Intervención General y el gabinete jurídico de la Junta para dar el visto bueno al fondo para empresas en crisis con la aprobación de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Del Hoyo ya había recurrido la prisión preventiva para Fernández y tildó los argumentos de Alaya de “escasos, débiles y estereotipados”, pero ahora da una vuelta de tuerca a su estrategia de defensa.

El momento procesal del caso es crucial porque con el exconsejero y su exsubordinado Javier Guerrero en prisión preventiva y el exchófer de este último excarcelado, la Audiencia de Sevilla debe decidir si apoya la tesis de Alaya, la fiscalía y la Guardia Civil de que todo el fondo era ilegal, o por contra limita las irregularidades a las ayudas directas (73 millones), parte del fondo de los ERE o la totalidad de la partida (que costó 1.217 millones con los intereses de demora), según los últimos cálculos.

“Tamaña sospecha de generalizada corrupción, absoluto descontrol y falta de funcionamiento de los mecanismos de fiscalización elementales en el funcionamiento de cualquier Administración (...) choca de entrada con una realidad” que ignora Alaya, según Del Hoyo: de los 5.982 prejubilados, solo en las pólizas de 183 se han observado irregularidades y 72 de ellos eran intrusos (los técnicos de la Cámara de Cuentas elevan estas cifras a 323 irregularidades y 126 intrusos).

“Estos datos fácticos no controvertidos significan que aquella tesis de la instrucción claramente deforma la realidad y hace perder la perspectiva de las cosas”. El abogado confía en que la instrucción sea “reconducida” y se pase de una “investigación generalizada” “claramente invasora de competencias funcionales de otro orden jurisdiccional”, a otra que investigue solo las “excepciones, desviaciones y abusos” cometidos entre 2001 y 2010 en la Consejería de Empleo.

Por último, el recurso resalta que la Junta, acusación en el caso, reconoce la legalidad de la inmensa mayoría de las ayudas y por ello las continúa abonando hoy día. Del Hoyo se plantea si la juez intentará que la Junta deje de ser acusación por su defensa del fondo, que ella considera por completo ilegal.