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ayudas sociales

El PP pide cambios en el sistema para resolver las “disfunciones”

Exige que los ayuntamientos puedan recibir solicitudes de RGI

El PP quiere que el Gobierno “se ponga las pilas” en materia de gestión de ayudas sociales. Después de que el equipo de una de sus caras visibles en torno a las políticas sociales, el alcalde de Vitoria Javier Maroto, denunciara que están teniendo que poner solución a los retrasos en la tramitación de ayudas por parte de Lanbide, adelantando el pago de 116.000 euros a cerca de 200 familias, ayer el grupo parlamentario anunció un nuevo apretón de tuercas.

“Caos y desorden fruto de la improvisación”, “disfunciones” resumió la portavoz en materia social del PP en el Parlamento, Laura Garrido, que enumeró una serie de preguntas parlamentarias para conocer la situación en la que se encuentra la gestión de ayudas y de dos iniciativas parlamentarias, dos proposiciones no de ley, La primera supone desempolvar una de las pocas enmiendas que no se admitieron durante la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, modificada a finales del año pasado con el beneplácito de PSE y PP. Garrido pidió que los Ayuntamientos puedan recibir las solicitudes de la Renta de Garantía de Ingresos y el complemento de vivienda —pero manteniendo la tramitación y la gestión en el Servicio vasco de Empleo—, dos ayudas que, desde diciembre, solo se pueden pedir en las 43 oficinas de Lanbide. Esto está generando, reseñó la parlamentaria, problemas en municipios alaveses, algo que ha sido constatado por la Diputación de una provincia que solo cuenta con seis oficinas del Servicio vasco de Empleo. Los responsables de Lanbide ya avanzaron en el Parlamento que habrá la posibilidad de que un equipo de Lanbide se traslade al domicilio de personas con problemas para trasladarse, pero aún no está en marcha.

La segunda iniciativa supone exigir al equipo de la consejera Gemma Zabaleta que cumpla con parte de una ley que los socialistas refrendaron y que aún no se ha puesto en marcha: que los perceptores de ayudas sociales realicen trabajos para la comunidad en situaciones de necesidad como puede ser una nevada.

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