Las calles valencianas acogen al 11% de las personas sin hogar de España

Antonio Pérez Fernández tiene 40 años y vive en un mugriento banco del número tres de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia, donde tiene fijado su domicilio, según un documento de Instituciones Penitenciarias del pasado 24 de abril. Interior le comunicó entonces su libertad definitiva, tras cumplir una condena de dos años en la prisión de Zaragoza por destrozar mobiliario urbano y algún que otro episodio que prefiere olvidar. “Solo quemé unos contenedores”, relata mirando al suelo. Se presenta como un “salvaje”, un verso suelto que dice vivir entre cartones por voluntad. Miente. “Nadie está en la calle porque quiere”, sentencia Francesc Talens, gerente en Valencia de la Fundación Rais, con 15 años de experiencia en la marginalidad.

Antonio, separado, sin hijos, y con el título de FP de administrativo, esboza el último peldaño de la exclusión social, la calle. La Comunidad Valenciana acoge a 4.692 personas sin hogar, el 11% de toda España, según cálculos de EL PAÍS elaborados con datos de Cáritas. Una legión silenciosa, invisible, estable e itinerante que perfilan hombres (84%), de entre 41 y 50 años, enganchados al alcohol o las drogas (54%) y atenazados por las enfermedades mentales, que sufren uno de cada tres, según el último perfil trazado por la entidad religiosa, en 2010.

Antonio cayó en el pozo por una colección de desgracias. Y eso que su adolescencia prometía. Tenía novia, un colchón económico, derivado de las tres fruterías familiares, y 1.500 euros que ingresaba todos los meses como operario de Mercavalencia. No era suficiente. Poco a poco, sin darse cuenta, fue pisando demasiado el acelerador de su Ford Fiesta XR2, con el que pilotaba las noches de la ruta del bakalao en la primera mitad de los noventa.

Se adentró en una espiral de pastillas y alcohol. Primero, como consumidor. Más tarde, como traficante. Llegó a ganar hasta 6.000 euros al mes con el menudeo. Con veinte se fue de casa de sus padres, en el barrio valenciano de Monteolivete. Se casó y se separó. Rozó la felicidad sintética a los 25. Y después, se deslizó por la pendiente.

Su vida se apagó. “Lo mandé todo a la mierda hace ocho años”, dice tajante negándose a dar más explicaciones. Sobrevive con 426 euros del subsidio presidiario, que cobrará un máximo de 18 meses y que complementa con los 15 euros que ingresa como gorrilla frente a la Facultad de Historia, donde toma café. Su vida es un bucle. Duerme todos los días a las puertas de un supermercado cercano a los jardines de Viveros y pasa doce horas diarias en el mismo banco mugriento. “Solo lo siento por mi madre, que cuando me ve llora”, cuenta.

Descender a la calle es un trance a cámara lenta, que dura ocho años, según la Fundación Rais de Valencia. Requiere sufrir ocho sucesos traumáticos —muerte de un familiar, desahucio—, según el libro Los límites de la exclusión (Ediciones Témpora, 2003), el doble que una persona normal.

La crisis, por ahora, no ha transformado el retrato marginal de las personas que acampan en bancos y jardines. Pero puede hacerlo. “El aumento de la pobreza extrema a consecuencia de la situación económica podría modificar el tipo de excluidos en unos años”, advierte el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Luis Ayala.

Cáritas Alicante, que el pasado año atendió a 1.721 sin hogar en sus centros de Elche, Petrer y Orihuela, ya detectó los coletazos del paro y los desahucios en las avenidas. El porcentaje de ciudadanos normales, ajenos al circuito de la marginalidad, pasó en 2011 en la provincia del 1% al 4%. “La crisis ha cronificando la situación de los sin techo y tiende a alargar su promedio de estancia en la calle”, explica Charo Moreno, de Cáritas Alicante.

José es un caso

La conversación con José F., de 75 años, soltero y sin hijos, demuestra las aristas del fenómeno. Un día de 1986 este hombre de rostro afable lo mandó todo al garete. Vendió su piso en Barcelona para viajar. Recorrió en tres meses Francia, Italia, Alemania y Holanda. Vivió deprisa y se fundió los ahorros.

Dinamitó su monotonía como mecánico mileurista. Su historia se escribe desde entonces en las calles de las grandes ciudades españolas y, desde el último año, en un banco de la avenida Blasco Ibáñez, donde escucha su pequeño transistor, que le permite opinar sobre el rescate financiero con solvencia de tertuliano. Vive solo. No habla con nadie. No tiene amigos.

Preguntado por su declive, se sincera: “No tengo a nadie en la vida. Soy un fracaso”. José es un caso crónico. Su trayectoria dinamita todos los estudios, que apuntan a que solo cuatro de cada diez personas sin hogar llevan más de cuatro años sin alojamiento propio, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2005.

La Comunidad Valenciana ofreció 1.131 plazas para personas sin hogar en 2010, según el INE. La oferta, sin embargo, no es el problema principal. No se trata de números. Las normas que prohíben el alojamiento de alcohólicos o toxicómanos para evitar altercados dejan a muchas personas en el limbo, al amparo de las ONG. “Hacen falta recursos específicos como las viviendas semituteladas”, defiende José Antonio Manuel, técnico de Cáritas Valencia, que el pasado año atendió a 1.161 sin techo.

El Equipo de Trabajo con Personas sin Hogar, formado ocho asociaciones, denuncia carencias para los albergados durante largos periodos o aquellos que salen de una convalecencia hospitalaria.

"Sólo el 3% de sin techo

La ausencia del colchón familiar es uno de los mejores pasaportes para acabar en la calle. Una separación, discusión o muerte de un familiar directo revela la soledad y suele iniciar el descenso. La principal causa del sin hogar apunta a la falta de red social, según la Fundación Rais de Valencia.

Gregory llegó a España en pleno boom, en 2002, cuando las cosas marchaban bien. Ganaba entre 2.000 y 3.000 euros con su trabajo como montador de ladrillo caravista. Arreció la crisis y, tras una cadena de sucesos que evita recordar, acabó postrado en un banco junto a la Facultad de Historia con un brik de vino. No tiene familia. Y sus pocos amigos, le llegan por interés para compartir su zona de gorrilla.

Ajeno en apariencia a la foto de la exclusión, Vasile Zarowsky, de 28 años, aparca coches por diez euros en la Alameda de Valencia. Aterrizó en España en 2004 para huir de la miseria. Se enroló en una feria donde le explotaron en Alicante y trabajó en una carnicería. La crisis le dejó en la calle. Ahora, reflexivo, piensa en regresar. Su Moldavia natal, dice, no está tan mal como él pensaba.

La heroína, como al 17% de los sin techo, le robó la juventud a José Luis L. G, que lleva 17 de sus 44 años en la calle. Padece ocho enfermedades mentales, que van desde la esquizofrenia hasta el trastorno de personalidad, que irrumpe varias veces en el relato de su vida. Acepta contarla a cambio de un café cerca de su casa, una montaña de cartones y mantas junto a la Alameda de Valencia. Las palizas y humillaciones de su padre, un constructor de Talavera de la Reina (Toledo), le hicieron vulnerable y le precipitaron a una depresión que buscó refugio en la droga. Atenúa su adicción con metadona y subsiste con los 300 euros de pensión.

Solo el 3% de los sin techo percibe ayudas económicas, según la Fundación Rais, que el pasado año atendió a 704 personas en Valencia. José Luis es una rara avis. Devora cinco libros al mes y, como los personajes de su autor preferido, Edgar Allan Poe, camina hacia al abismo. Sobrevive. La veintena de sus amigos de la infancia ya no está.