Ambos siguen captando ayudas de la Xunta

Gerardo Crespo Riestra clama ser víctima de “un linchamiento”. Amenaza con un “rápido concurso de acreedores” y despidos masivos ante la investigación judicial de sus actividades. Y eso que no tiene para nada cerrado el grifo de adjudicaciones de la Xunta. Sus empresas (Azetanet y Gecreri) y entidades no lucrativas (la fundación Fundefo y la Asociación de Empresarios Discapacitados), que también operan en otras siete comunidades, solía captar un millón de euros anuales en contratos y fondos del Gobierno gallego.

El pasado año, y ya bajo investigación judicial, la Xunta le concedió un total de 988.282 euros. Aparte de una pequeña ayuda de 3.000 euros de la Secretaría de Emigración para un proyecto de integración de inmigrantes, el resto es de la Consellería de Traballo. Hace una semana, tras el registro policial de sus empresas y domicilio, la fundación de Crespo fue requerida por Presidencia para completar su solicitud para un programa para mujeres.

Cuando el alcalde de Oleiros, el independiente Anxo Seoane, puso en 2010 el grito en el cielo por la facilidad con la que este dirigente vecinal afín al PP conseguía cuantiosas ayudas de formación que se negaban a Ayuntamientos, salió en su defensa el departamento de Beatriz Mato. Hacía poco que la conselleira había sido premiada como Coruñesa del Año por la asociación vecinal que preside Crespo y que había amadrinado la inauguración de la nueva sede de Azetanet. Traballo, en el Parlamento, defendió el millón de euros anuales concedido a este empresario tetrapléjico que presume de ser “incansable trabajador”. Y aunque rechazó hablar de la eficacia de sus actividades, destacó que más obtuvo en 2007 (1,3 millones) siendo conselleiro el socialista Ricardo Varela.

Caype, bajo la batuta de Eliseo Calviño, también empezó en 2010 a acudir a convocatorias de ayudas de la Xunta cuando antes solo optaba a las de ámbito estatal. Ese año obtuvo de Traballo tres para formar parados y agentes de empleo. En total 154.056 euros. Están aún sin publicar las adjudicaciones de 2011. El interés de Caype por los fondos de la Xunta coincidió con sus contenciosos con el Ministerio de Trabajo, que empezó a denegarle subvenciones y a reclamarle devoluciones de otras ya cobradas pero no justificadas. De la convocatoria de 2007-2008 el ministerio le obligó a devolver 170.886 euros. Pero se le reclaman cientos de miles más. En marzo, Calviño y, entre otros, la esposa y socia de Crespo, constituyeron y registraron en la Xunta una delegación gallega de Caype.